El huachicol fiscal, su origen, su combate y el manejo del mismo se mantiene casi como un secreto que poco a poco se va revelando.
Se trata de una de las mayores plagas contra las que deben luchar las autoridades federales, ya que no estaban preparadas para la embestida que se ha dado en ese terreno.
Cientos de millones de pesos se han perdido de captación fiscal, por el contrabando de combustible en los principales puertos del país.
Se trata de uno de los ilícitos nuevos que han provocado la capacitación de especialistas en el tema, para evitar la sangría que ocasiona a las finanzas del país.
La controversia del huachicol fiscal es muy amplia, ya que se enrola a personajes importantes de la 4T e incluso a ciertas autoridades, unos como negociantes y otros como protectores.
Por eso, vale la pena hacer un recorrido sobre este tema. Durante parte del sexenio pasado se desconocía casi en su totalidad este delito, hasta que se tuvo conocimiento sobre el tema, después de que el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán alertó al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre irregularidades en esa cuestión, por lo que se hizo del conocimiento de la autoridad ministerial la información que se tenía sobre el ingreso del huachicol fiscal a territorio mexicano.
Fue entonces que se empezó a hurgar en los ingresos de buques con combustibles en los distintos puertos del país y se pudo detectar 37 operaciones irregulares que presentaban inconsistencias documentales o discrepancias entre las cantidades de hidrocarburo declaradas y las detectadas por las autoridades.
Estas operaciones se identificaron en diferentes puntos del país, entre ellos Salina Cruz, Veracruz, Altamira, Coatzacoalcos, Tampico, Tuxpan y Manzanillo, además de otros puertos. Como parte de estas acciones fueron asegurados 192 contenedores y 22 pipas, fortaleciendo el control sobre las distintas etapas de la cadena logística.
Desde la revelación del ahora exsecretario Ojeda Durán, el trabajo de inteligencia naval fue adquiriendo mayor profundidad, por lo que el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, fortaleció las áreas de inteligencia portuaria, análisis de movimientos de embarcaciones, seguimiento de cargas y trazabilidad del hidrocarburo una vez que éste abandonaba los recintos portuarios.
Marzo de 2025 representó un punto de inflexión en este proceso, las investigaciones permitieron desplegar acciones simultáneas en Ensenada, Guaymas, y Tampico, con las que se intervino una estructura relacionada con el ingreso y distribución irregular de hidrocarburos.
Como resultado de estas investigaciones y operaciones, se aseguraron aproximadamente 10 millones de litros de hidrocarburo relacionados con el caso, además de un buque tanque, predios, armas de fuego y diversos efectos. La investigación permitió, además, seguir la ruta que tomó parte del combustible después de salir de los recintos portuarios, identificando empresas de autotransporte y puntos de distribución terrestre.
En el desarrollo de las investigaciones se identificó que el fenómeno no se limitaba a un solo punto de ingreso. A partir de marzo de 2025 fueron detectados ocho buques relacionados con cargas ilícitas en distintos puertos del país, con embarcaciones que portaban banderas de Chipre, Islas Caimán, Singapur y Panamá.
En la actualidad las autoridades mexicanas han decomisado más de 20 millones de litros de combustóleo y el esquema de huachicol fiscal marítimo identificado a partir de aquella investigación fue desarticulado. Los intentos posteriores de utilizar los puertos para introducir o movilizar ilícitamente hidrocarburos han sido detectados e inhibidos mediante los mecanismos de inteligencia, vigilancia y coordinación interinstitucional implementados desde marzo de 2025.
