La erradicación de las protestas violentas en Oaxaca es un desafío complejo que requiere un enfoque integral, basado en el respeto a los derechos humanos, el diálogo y el fortalecimiento del estado de derecho. Si bien el derecho a la protesta es una garantía constitucional, es fundamental diferenciar entre manifestaciones pacíficas y actos que derivan en violencia, daños a la propiedad o afectaciones a terceros.
Los sucesos protagonizados por habitantes de Santiago Textitlán que obligaron a desalojar las instalaciones de Ciudad Administrativa y cancelar las actividades de oficinas gubernamentales, merecen una atención puntual de esa y otras poblaciones que insisten en recurrir a este tipo de expresiones violentas.
Para abordar esta problemática, es necesario identificar las causas de fondo que generan estas expresiones de descontento. En muchos casos, las protestas violentas son consecuencia de la falta de atención a demandas sociales, la marginación de comunidades, la corrupción, la impunidad o la ausencia de espacios efectivos de diálogo entre autoridades y ciudadanos.
Por ello, más allá de poses y demagogia, un primer paso es fortalecer los canales de comunicación entre el gobierno y los diferentes sectores de la sociedad, promoviendo mesas de negociación donde se escuchen y atiendan las inquietudes legítimas de los grupos inconformes.
Otro aspecto clave es mejorar las condiciones económicas y sociales que suelen estar en la raíz de las protestas. Esto implica invertir en educación, salud, infraestructura y generación de empleos para reducir las brechas de desigualdad que muchas veces alimentan la inconformidad social.
A su vez, el fortalecimiento de la seguridad pública y el sistema de justicia es esencial para garantizar que cualquier acto de violencia sea sancionado conforme a la ley, evitando la impunidad y desalentando conductas delictivas.
