La semana pasada, los medios de comunicación dimos cuenta de la entrega del reconocimiento de la “Declaración de Protección de la Denominación de Origen Pluma” al gobernador Alejandro Murat, por parte del titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Juan Lozano Tovar. El boletín oficial afirma que dicho reconocimiento beneficia a 28 mil cafeticultores de 30 municipios de las regiones Costa y Sierra Sur. Con ello, Oaxaca ratifica su posición como el cuarto estado productor de este aromático en el país, junto a Chiapas, Veracruz y Puebla; además de ser pionero en la producción de café orgánico, y se abre la puerta para comercializarlo a mercados internacionales. En efecto, dicha denominación es un reconocimiento tácito a uno de nuestros productos agrícolas más emblemáticos: el café, particularmente el que se produce en la zona de Pluma Hidalgo.
Sin embargo, de todos es sabido el abandono en que el gobierno, tanto federal como estatal, han mantenido a los productores del aromático. La denuncia constante del abandono de los ranchos y fincas cafetaleras, afectadas por la roya; la baja en el precio internacional; el acaparamiento por parte de empresas trasnacionales y el menosprecio por nuestro café, ha sido desestimada por quienes tienen en sus manos los apoyos para el sector agropecuario. Una y otra vez se escuchan las quejas de los medianos y pequeños productores, quienes para sobrevivir de un producto que requiere mucho trabajo y dinero, caen en manos de acaparadores locales, que son quienes reciben las rentas. No así los verdaderos productores.
Una situación semejante se da con el boom que ha alcanzado el mezcal, hoy mismo que se nos ha regateado la denominación de origen, cuando en el imaginario colectivo de los mexicanos, hablar de mezcal es hablar de Oaxaca. Justo cuando el titular del IMPI estaba en la capital del estado entregando el ya mencionado reconocimiento del café Pluma, dicha institución asestaba un nuevo golpe a los productores de mezcal locales, al reconocer la producción de dicha bebida en Sinaloa. Con éste suman ya una decena de entidades que buscan la denominación de origen, entre ellas Puebla, Zacatecas, Guerrero, Michoacán y otras más que, no cuentan con la tradición ancestral de los oaxaqueños, que cultivan desde tiempos inmemoriales, decenas de especies de maguey. Lo lamentable es que los afectados son los de siempre: los pequeños productores.
Falta de seriedad
No puede interpretarse sino como una burla a la sociedad oaxaqueña; a la ciudadanía que en buena o mala hora les otorgó su voto, para convertirles en representantes populares, lo que la LXIV Legislatura del Estado ha hecho con la famosa Glosa del III Informe de Gobierno. En principio, hay que recordar que el referido informe fue rendido por el ejecutivo estatal, Alejandro Murat, desde el 15 de noviembre de 2019. Por norma –porque dicha responsabilidad está regida por la Constitución local- la comparecencia de los servidores públicos, responsables de las diversas áreas del gabinete, deberían haberse hecho, inmediatamente después de haberse dado el referido informe. Pero no. Dicha responsabilidad institucional se postergó hasta dos meses después, tomando en cuenta que las cosas han cambiado y que las circunstancias son, definitivamente, otras, a las existentes en noviembre del año pasado.
Dicha situación no ha sido suficiente para nuestros (as) flamantes legisladores (as). Por segunda ocasión ha pospuesto la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Raúl Ernesto Salcedo, sin reparar en que dicho rubro es, hoy en día, uno de los más cuestionados en la administración del gobernador Murat Hinojosa, justamente por la cantidad de homicidios dolosos, de robos, asaltos e inseguridad en general, que afecta a la ciudadanía. La comparecencia del citado funcionario será –si es que no hay otros cambios los cuales se advierten tendenciosos y con plan con maña detrás- el próximo jueves 13 de febrero. ¿Por qué se suspendió la del pasado jueves 6? El razonamiento es simple. El martes 4 se dieron acontecimientos graves, como es el caso de la balacera y persecución que se dio en la capital oaxaqueña, perpetrada por elementos de investigación de la Policía Estatal.
Pero no es el único caso de los funcionarios a los que se advirtiera una presunta protección -¿o complicidad?- legislativa. En el mismo paquete fue suspendida también la del titular del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa y Deportiva (Iocifed), Adolfo Maldonado Fuentes. Y es que como lo hemos mencionado en otros espacios de este diario, uno de los temas de mayor controversia e inconformidad de comunidades del Istmo de Tehuantepec y otras regiones, es la falta de atención a la reconstrucción de escuelas afectadas por la actividad sísmica.
