Pandemia y poder

Después de 98 días de suspensión de actividades no esenciales y de aislamiento total voluntario, Oaxaca finalmente pasará mañana lunes 6 de julio a semáforo naranja. ¿Qué implica esto? Que la actividad económica catalogada como no esencial por el Gobierno Federal podrá reabrir con una operación reducida, lo cual incluye restaurantes, hoteles y tiendas, así como que se podrá tener mayor acceso el espacio público abierto, pero todo ello siempre cuidando las medidas de higiene y de sana distancia que a estas alturas ya todos deberíamos estar acostumbrados a emplear.

Es decir, Oaxaca por fin transitará a la “nueva normalidad”. Hagamos memoria.

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció a la enfermedad por Covid-19 como una pandemia. Ante ello, el 30 de marzo el Consejo de Salubridad General declaró la epidemia en México como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Un día después, la Secretaría de Salud federal puso en práctica de manera obligatoria la Jornada Nacional de Sana Distancia, la cual implicó la suspensión de actividades no esenciales y el aislamiento total voluntario.

Después de que la Jornada fuera prorrogada en varias ocasiones, el 14 de mayo la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo con el cual puso fin a la misma a partir del 31 de mayo y estableció el sistema de semáforo de riesgo epidemiológico a partir del 1 de junio, el cual estará vigente hasta en tanto el Consejo de Salubridad General declare terminada la contingencia. 35 días después de su “inicio” en el país, mañana la nueva normalidad llegará a Oaxaca.

Sin duda vivimos -en pasado y presente- una situación muy difícil en la que se ha tenido que ponderar entre la vida y la economía, entre la preservación del derecho a la salud y el de la libertad de trabajo y la cual ha costado miles de vidas humanas y millones de trabajos en todo México. El confinamiento en muchos lugares del país ha durado más de 70 días y al parecer habrá estados que lleguen a más de 100 días de aislamiento, superando con ello las cuarentenas implementadas por varios de los países más afectados por la pandemia.

Sin embargo, la estrategia implementada por el Gobierno Federal tiene ciertas particularidades que nos diferencian del resto del mundo. ¿La principal? En México no hubo un estado de excepción con el cual se restringiera obligatoriamente la movilidad de las personas, sino que aquí siempre se invitó al aislamiento voluntario.

El costo humano y económico que ha tenido la pandemia en nuestro país me hace pensar si un escenario distinto en el cual se hubiera decretado la suspensión de garantías hubiera tenido mejores resultados, salvando con ello más vidas humanas y generando una menor afectación a la economía, sin embargo, la desigualdad y el casi nulo apoyo del Gobierno Federal a las empresas y familias mexicanas hacía imposible que se pudiera obligar a toda la sociedad a no salir de casa.

Además, un estado de excepción es lo menos deseable con un gobierno autoritario como el que tenemos a nivel federal. De haber decretado la suspensión de garantías -el equivalente a un estado de excepción en nuestro país y la cual está contemplada en el artículo 29 constitucional- tal vez hoy tendríamos menos contagios y muertes por COVID-19 pero, y de esto no tengo la menor duda, de igual manera estaríamos un paso más cerca del establecimiento de un régimen autocrático.

Suspender algunos derechos de manera temporal y conforme a los principios constitucionales y convencionales probablemente hubiera ayudado a controlar la epidemia en nuestro país, sin embargo, indudablemente también hubiera incrementado el hambre de poder de quien se sienta en la silla presidencial.

*Licenciado en Derecho por la IBERO CDMX.

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