La reciente reforma al Poder Judicial en México ha sido presentada como un paso hacia la “democratización” de la justicia. Sin embargo, bajo el ropaje discursivo de empoderar al pueblo, se esconde un proyecto de control político que pone en jaque la autonomía judicial, socava la división de poderes y abre la puerta a una justicia subordinada al poder presidencial, en la práctica solo se resume en designación simulada de afines. A esta amenaza estructural se suman las declaraciones contradictorias en medios de quien, será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo el nuevo régimen.
Las declaraciones de quien presidirá la Corte han sido preocupantes. Por un lado, se presenta como defensor de la autonomía judicial; por otro, justifica sin reservas la reforma impulsada por el Ejecutivo federal, aun cuando implica una ruptura profunda con los principios de imparcialidad, profesionalismo y méritos que deberían regir la función jurisdiccional. En entrevistas ha afirmado que la elección popular no compromete la calidad de la justicia, pero omite señalar que no hay garantías reales de que el nuevo sistema evite el clientelismo, la manipulación mediática o la cooptación de los jueces por intereses partidistas. Parece que sin ser todavía ministro ya ha dictado sentencia al declarar en varios temas sobre el sesgo que tendrán sus decisiones sin conocer las particularidades de cada caso y sin mencionar el apego a la Ley.
Lo alarmante es que este personaje —vinculado con el oficialismo— ha evitado pronunciarse con claridad sobre los riesgos que implicaría que los jueces tengan que hacer campaña, aceptar donaciones o buscar el favor de grupos de presión. La omisión no es casual: al no confrontar esos riesgos, se normaliza una reforma que debilita la esencia de la función judicial. La imparcialidad no puede sostenerse sobre la lógica electoral. Un juez electo por mayoría no es, por definición, más justo o más apto; puede ser simplemente el más popular o el que contó con más apoyo político o mediático.
Más que una transformación, vemos es una captura institucional progresiva. Lo preocupante es que el presidencialismo ha recuperado niveles de poder nunca vistos desde los años del viejo PRI, sin contrapesos reales, con un Congreso dócil y una SCJN dividida. En este escenario, el nuevo modelo judicial se erige como un mecanismo más de control.
Los retos del Poder Judicial después de la reforma no son menores. Primero, resistir las presiones del Ejecutivo que busca colonizar las instancias jurisdiccionales con perfiles leales. Segundo, enfrentarse a una ciudadanía desconfiada, que no ve en los tribunales una instancia imparcial, pero que podría ver aún peor que sus jueces sean electos por mecanismos contaminados por el dinero y la política. Tercero, el sistema judicial debe demostrar que puede operar con independencia en un contexto donde el oficialismo ya anticipa los resultados de procesos que deberían ser libres y abiertos.
La legitimidad del próximo ministro presidente estará profundamente comprometida si su llegada al cargo se percibe como una imposición política. Y eso es precisamente lo que parece ocurrir. A cada declaración ambigua o contradictoria que ofrece en medios, más se refuerza la idea de que no encarna un proyecto de independencia, sino una estrategia de continuidad disfrazada de renovación. La figura que debe ser garante de la Constitución y de los derechos, corre el riesgo de convertirse en un operador político más del régimen. No basta el voto popular, serán la imparcialidad y apego a la ley de las sentencias que emitan lo que legitime a los nuevos ministros.
No se puede hablar de justicia sin independencia, ni de democracia sin contrapesos, ni de Estado de derecho cuando el Poder Judicial pierde su capacidad de ser árbitro y se convierte en actor de una sola facción. El reto del Poder Judicial, es defender su esencia frente a quienes, bajo el argumento de escuchar al pueblo, buscan silenciar su voz crítica.
La justicia no se construye con votos, sino con principios. Si el próximo ministro presidente llega al cargo sin independencia ni credibilidad, el Poder Judicial habrá dejado de ser la última trinchera de la legalidad para convertirse en un eslabón más de un régimen que no tolera la disidencia ni los límites. Y en ese escenario, será la sociedad entera la que quede desprotegida.
@aguilargvictorm
