El Poder Judicial de la Federación, uno de los tres pilares en los que se afirman la Federación y el Estado Mexicano está en peligro.
La división de poderes –que da sustento a la República Mexicana, establecida en la Constitución Política de México–, está bajo acoso. Como si no hubieran pasado los años y no se hubiera prometido que “ahora las cosas serán distintas”.
Por meses, desde que la elección interna por la cual el 2 de enero de este año tomó posesión la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández –cuyas calificaciones para el cargo son impecables–, desde esa fecha la lluvia de críticas y acusaciones y agravios no cesan para este Poder.
Son las que provienen, particularmente, de Palacio Nacional y de funcionarios públicos o aspirantes a la presidencia afines a la 4-T.
En base a lo que se acusa desde Palacio Nacional, algunos de los aspirantes a Coordinar la Defensa de la 4-T, y luego candidatos presidenciales, usaron el discurso de odio en contra de la Corte pero muy en particular en contra de la presidenta que llegó ahí por votación mayoritaria de los ministros, en contraposición a quien quería en ese puesto Palacio Nacional.
En principio se presumía que sería una de las ministras que tiene cercanía política con el Ejecutivo. Pero ésta jurista fue señalada de, presuntamente, haber “plagiado” su tesis de licenciatura para ejercer como abogada al concluir sus estudios de leyes en la UNAM-Aragón.
Todo esto trastocó lo que se daba por hecho en Palacio Nacional, y que habría de ocurrir en un cambio a modo y sin complicaciones, toda vez que el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dejaría ese cargo luego de que se le impulsó a extender su presidencia por otros dos años. Él se negó por razones de ley. Y ocurrió el cambio.
Por primera vez en la historia una mujer preside la Suprema Corte nacional. Y es este momento cuando arrecian los embates en su contra, ya con argumentos de tipo salarial, para desgastar su imagen pública; ya por la condición –se dice- de jueces que defienden a los poderosos del país en contra de los intereses y la justicia para el pueblo; ya con el envío de gente que la agrede e insulta a las puertas del edificio de la Corte y tanto…
La SCJN, por su parte, ha actuado en ley y ha echado atrás algunos de las iniciativas de tipo legal que surgieron desde Palacio Nacional y aprobados –“sin quitar ni una coma”—por la mayoría de Morena en el Congreso. Lo hizo con base en la ley.
Pero el tiempo del desquite llegó. Y llegó por el lado del presupuesto para el siguiente periodo de operaciones de la Corte.
Esto es, por iniciativa suprema y de forma obediente por la mayoría morenista –y sus costosísimos aliados para los mexicanos: el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo–, quitarán presupuesto a la Institución judicial y se van en contra de trece de los 14 fideicomisos que facilitan los trabajos de la Institución.
Según los legisladores morenistas: “En los 14 fondos, el Poder Judicial cuenta con 21,554 millones de pesos -de acuerdo con informes del segundo trimestre de este año-, pero que sólo el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia tiene sustento legal.”
Y que –según los mismos legisladores- “el resto de los instrumentos, que suman 15,450 millones de pesos, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, para que puedan ser asignados a los programas sociales y a las obras de infraestructura.”
Por supuesto esto significa una restricción mayor al ejercicio de la Justicia en México. Con argumentos que son más del tipo político se busca “escarmentar” a uno de los Poderes de la Unión que no se somete al mandato de uno de ellos: El Ejecutivo.
La intromisión de un Poder en otro daña la división de Poderes establecida en la Constitución. Y daña, por supuesto, la garantía de que en México se aplique la justicia y predomine el imperio de la ley. Pero… bueno… Hay inquietud muy seria en el Poder Judicial.
Trabajadores del Poder Judicial en el país, que resentirán en su actividad profesional, laboral y personal la restricción presupuestaria, han salido a las calles y aseguran que irán a paro nacional para repudiar esta decisión y para exigir garantías legales y de justicia. Así que:
Miles de empleados iniciaron una movilización nacional, la primera de ellas afuera de la Cámara de Diputados. Exigen freno a la iniciativa por la que se quiere desaparecer esos 13 fideicomisos pues –dicen- además de afectar los trabajos de justicia de la Corte, también resultan afectados sus condiciones laborales.
Y de pronto. Como es usual en ella –espejo de lo que discurre Palacio Nacional–, la Coordinadora de Defensa de la 4-T, Claudia Sheinbaum, abre cortinas y grita a los cuatro vientos que:
“Vamos a dar un ejemplo al mundo, para que el próximo año, el Presidente pueda enviar una reforma al Congreso de la Unión, para que los jueces puedan ser electos por el pueblo de México, para que los ministros de la Suprema Corte puedan ser electos por el pueblo de México, y entonces sí, se va a quitar la sombra de la corrupción y se va a quitar la sombra del fraude y la antidemocracia en nuestro país”, acusó y prometió.
Y así la guerra en contra de la Suprema Corte de Justicia. Uno de los tres poderes de la Unión en una República, la Mexicana. La separación de poderes como garantía de equilibrio y justicia política y social, garantía de soberanía y autonomía: todo eso que ya se sabe pero que hoy está en peligro, lo que hace peligrar, por supuesto, a la República.
