El pasado 17 de abril, la bancada de Morena y sus aliados en el Senado con 69 votos a favor y 42 en contra, aprobaron los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales en términos del dictamen aprobado el pasado 10 de abril, tras casi dos horas de debate, las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron con 19 votos a favor y 13 en contra, reformas a la Ley de Amparo que quitan facultades a jueces para la suspensión de normas generales, con lo que se impedirá a jueces suspender normas y obras públicas, pero limitando sus efectos para no invadir el terreno legislativo.
Esta medida va en contra del espíritu del juicio de amparo. El juicio de amparo es un instrumento jurídico creado en favor de los gobernados del Estado mexicano, que tiene por finalidad hacer respetar sus garantías individuales hoy mejor conocidas como derechos humanos.
El juicio de amparo mexicano constituye en la actualidad la última instancia de impugnación de la mayor parte de los procedimientos judiciales, administrativos y aun de carácter legislativo, por lo que tutela todo el orden jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que esas infracciones se traduzcan en una afectación actual, personal y directa a los derechos de una persona jurídica, sea individual o colectiva.
El primer artículo de la Ley de Amparo establece que “el objeto del juicio de amparo es resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; por leyes o actos de la autoridad que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados; y, por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal”.
Estas modificaciones dejan en la indefensión frente al Estado a ciudadanos que se ven afectados por disposiciones u obras públicas realizadas por instancias de gobierno.
La iniciativa fue impulsada por el senador Ricardo Monreal de Morena, quien argumenta que su propuesta busca equilibrar las relaciones entre el Poder Judicial y Legislativo. El dictamen señala que en los últimos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha “adoptado” criterios que rige el juicio de amparo y “ha concebido suspensiones con efectos generales contra de leyes expedidas por el Poder Legislativo”.
Finalmente, el trasfondo de esta reforma es político, porque la SCJN ha frenado obras del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, y leyes como la de la Industria Eléctrica o el Plan B de Morena en materia electoral.
La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, en su cuenta de X advirtió que la iniciativa de reforma “limita el derecho a la protección judicial y con ello expone a la ciudadanía a violaciones de derechos humanos”.
Una vez aprobada en el Senado, la iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados, donde debe ser analizada, discutida y votada; sin embargo, Morena y aliados tienen los votos necesarios para que esta ley secundaria pase.
Los partidos de oposición anunciaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, ya que a todas luces esta iniciativa es contraria a la Constitución y se espera sea frenada.
La Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, en un comunicado manifestó que la reforma es contraria a los principios fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna y pone en riesgo los derechos colectivos, además, se pretende limitar la facultad de los jueces para otorgar la suspensión de un acto con efectos generales.
“Desde COPARMEX se reitera la importancia de preservar la integridad del sistema jurídico y evitar que las reformas se vean influenciadas por intereses políticos. La Constitución es la norma de mayor jerarquía en el orden jurídico y todas las leyes y acciones del Estado deben estar en conformidad con sus principios; ya que es la base para proteger nuestros derechos fundamentales y garantizar el Estado de Derecho”.
¿Qué busca el presidente con modificar las leyes de amparo, amnistía y pensiones? La promoción de estas reformas, justo en tiempos electorales no es una buena señal, muestra nerviosismo respecto al resultado de la elección y revela las intenciones de un gobierno autoritario que busca mayor margen de maniobra en detrimento de los derechos de sus gobernados.
X: @aguilargvictorm
