No son pocos los retos que como sociedad estamos enfrentando durante el periodo de emergencia sanitaria. Desafortunadamente, ante la inexistencia de una vacuna o tratamiento efectivo para la enfermedad generada por el virus Covid-19, el horizonte para el fin de esta contingencia es aún incierto.
El futuro vacilante nos presenta dilemas jamás encarados a esta escala en la historia humana, orillándonos a adaptarnos a condiciones inusitadas. Nuestra capacidad de adaptación, hoy más que nunca, se constituye en la mejor arma.
No obstante, dicha adaptación se les da a unos mejor que a otros. En el caso del Gobierno de México, la flexibilidad y capacidad de adaptación no se está dando de la manera adecuada.
La pandemia ha impactado cada aspecto de la vida cotidiana de las y los mexicanos, lo que ha requerido a las autoridades abrir diversos flancos de actuación, siendo los factores económicos los más importantes después de aquellos relacionados a la atención y fortalecimiento al sector hospitalario y médico.
Millones de mexicanos que han visto su actividad económica súbitamente detenida a causa de la necesidad del distanciamiento social, se encuentran imposibilitados para trabajar desde hace más de un mes, mismo que se alargará al menos otro más. El paro forzoso en el que se encuentra la gran mayoría de la población requiere que el Estado intervenga para acotar los impactos negativos de esta inesperada crisis.
Sin embargo, hasta ahora -incluso después de la declaratoria de la amenazante fase 3, en materia económica el Gobierno de México únicamente ha echado mano de las viejas recetas de la austeridad republicana.
El titular del Ejecutivo no ha quitado el dedo del renglón en avanzar con sus muy cuestionados proyectos estratégicos: la refinería de Dos Bocas (criticada por su severo impacto ambiental y viabilidad económica en medio de la imperiosa transición energética), el Tren Maya (en el que los procesos de consulta a los pueblos originarios no se han realizado con apego a los protocolos y que también implicará una importante merma a la conservación de los ecosistemas del sureste del país) y el aeropuerto de Santa Lucía (cuestionado por su viabilidad financiera y práctica). En lugar de retractarse o al menos aplazar el proceso de alguno de dichos proyectos, se optó, de nueva cuenta, a emitir un decreto inconstitucional que rebaja el salario “de forma voluntaria” de “los altos funcionarios”, esto, además, de cancelar por determinación ilegal del ejecutivo, el derecho al aguinaldo de los funcionarios federales. (https://bit.ly/2VAh6bR; https://bit.ly/3axPqsd).
Además de se eliminaron 11 subsecretarías y se recortó la mayor parte del gasto corriente. Asimismo, se crearon créditos para sectores formales e informales, que aun cuando tienen mejores condiciones que aquellos ofrecidos en el mercado, continúan endeudando a la ciudadanía, y se prometió la creación de dos millones de empleos, así como el mantenimiento y ampliación de los programas sociales insignia de la cuarta transformación.
Teniendo únicamente como nuevo elemento la creación de empleos -mismos que no se estima pronta su implementación en razón de que lo peor de la pandemia está por venir-, el resto de las acciones son medidas de un repertorio ya visto y que se han estimado insuficientes para hacer frente a la mortífera realidad del Covid-19 (https://bit.ly/2VAFb28; https://bit.ly/3cPtOsO).
La arrolladora propagación del Covid-19 exigirá mucho más de la sociedad en su conjunto, incluidos nuestros líderes. Ante la intransigencia de la crisis, mayores y mejores medidas serán necesarias.
@GalateaSwanson
