Los partidos políticos son entidades de interés público, toda vez que los recursos que reciben a modo de prerrogativas son públicos que, es decir, de los contribuyentes; de nuestro trabajo y esfuerzo.
Estas aportaciones se otorgan para el desarrollo del país y, bien administrados, en beneficio colectivo para cubrir las necesidades sociales que en México son muchísimas. Como parte de ese beneficio están en las asignaciones a partidos políticos que son entidades de interés público, según marca el artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos.
Luego, en el Capítulo I, Artículo 50, dice: “1. Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución, así como lo dispuesto en las constituciones locales.
“2. El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público.”
En la misma Ley se establece cuál será el comportamiento y las reglas que deberá respetar cada uno de estos partidos políticos y sus responsables como sus candidatos y la manera cómo habrán de llevar a cabo sus tareas de forma equitativa, legal, justa y siempre para su objetivo principal:
“… Promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.”
Y, tanto más que establece la Ley, que es el mandamiento por el que cada partido político en México debe regirse y respetar, para favorecer el ejercicio democrático, etcétera.
Pero nada. Los viejos vicios de acción, de comportamiento de movimiento y de promoción del partido como también de sus candidatos están a la vista siempre.
Da la impresión de que las reglas establecidas son tan laxas que los institutos políticos –sus dirigentes, sus operarios y sus candidatos- las rompen a diestra y siniestra sin importarles el cumplimiento de la ley. Hacen de ésta un papel mojado y, por lo mismo, la transgreden y obtienen beneficios que terminan por empañar el proceso electoral y los triunfos obtenidos.
Así que hace apenas unos días el Instituto Nacional Electoral en su área de fiscalización llevó a cabo la evaluación del modo y forma como cada partido llevó a cabo su participación en el proceso electoral y si hubo discrepancias entre la Ley y su acción.
Y sí, en la mayoría de los partidos políticos hubo violaciones a la Ley, de distintas formas y modos; por tanto las sanciones económicas y de restricción a medios de comunicación se anunciaron causando “sorpresa” entre los partidos y su gente.
En su informe, el INE anunció que revisó 39 mil 448 informes correspondientes a 29 mil 612 candidaturas a las que se auditaron más de 11 mil millones de pesos de ingresos y gastos.
Y concluyó con la fiscalización de los 32 Locales concurrentes 2020-2021 al aprobar los dictámenes respecto a las irregularidades encontradas luego de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes.
Así que aprobó sanciones por más de 1,203 millones de pesos ante las diversas irregularidades detectadas en procesos federales y locales. Ningún partido político registrado cumplió con la ley en esta materia y todos fueron sancionados por distintos grados de violación a la Ley.
Y aquí entramos en el terreno de la ficción. Esto es. Los partidos políticos rebasaron la regla legal a sabiendas de que podrían ser sancionados. Así lo habían hecho antes, habían sido sancionados con multas millonarias pero eso no pasa nada porque…
Los recursos que reciben son recursos públicos, al sancionarlos les serán restringidos estos recursos y ningún candidato ni funcionario ni autoridad del partido correspondiente eroga de su bolsillo ni un solo peso. Simple y sencillamente pagamos nosotros.
Y luego, de estos 1,203 millones de pesos que no se entregarán a estos partidos políticos, 210 millones de pesos, que corresponden a sanción federal, serán entregados al Conacyt, para estimular el conocimiento y la investigación en ciencia y tecnología en México, el resto, 993 millones, se entregarán a instituciones locales para la misma tarea.
El Conacyt, como sabemos, pasa por el peor momento de su historia y ha restringido muchas de las asignaciones presupuestales para la investigación, para la ciencia y tecnología así como las becas para estudiantes en el exterior con el pretexto de la “austeridad republicana”. Por tanto ¿a dónde irán a parar esos recursos que son de todos nosotros? ¿Nos dará un informe de cómo se aplicaron estos recursos?
El cinismo se hace dueño de la situación. Partidos políticos que no lo son. Recursos públicos mal asignados y peor administrados; sanciones que no son sanciones porque no pasa nada entre los violadores de las reglas; asignación de los recursos recuperados a una institución que ni investiga ni promueve el conocimiento científico y tecnológico… Así que… En esas estamos.
