Con todo y todo, históricamente, al Ejército Mexicano los mexicanos lo ven con respeto y hasta con cariño, aun hoy cuando se cuestiona seriamente que se hubiera —o que lo hubieran— involucrado en ocupaciones que no tienen nada que ver con su función primordial y constitucional, por las que su desgaste público es notable.
Esto es, ‘el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes: I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; II. Garantizar la seguridad interior; III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas’.
Pero todo cambió con su salida de los cuarteles para enfrentar al crimen organizado por instrucciones del entonces jefe Máximo de las Fuerzas Armadas de México, el panista Felipe Calderón Hinojosa, quien quería acabar con los excesos a los que ya llegaba el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia en su estado natal, Michoacán.
En adelante otra sería la función de estas Fuerzas Armadas, las que le eran asignadas por su jefe máximo en cada periodo presidencial. Si bien durante el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo una participación digamos ‘recatada’, no fue así a la llegada de Andrés Manuel López Obrador.
Durante su campaña para conseguir la presidencia, AMLO insistió-insistió-insistió en que “el Ejército debe regresar a los cuarteles”, “la seguridad pública debe estar en manos de civiles” … eso dijo.
Sí. Pero no. Resulta que al poco tiempo de llegar a la presidencia no sólo insistió en eliminar a los cuerpos civiles de seguridad del país, los acusó de corrupción y dijo que se tendría que forjar una Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública de México. Y que esa Guardia Nacional debería estar bajo órdenes militares.
Hubo entonces un gran debate porque no era posible —se decía— que se militarizara al país a través de la seguridad pública y que ésta debería estar bajo mando de civiles y operada por civiles. Se consiguió que fuera un civil el que coordinara las tareas, pero en realidad la seguridad se manejaba desde Palacio Nacional y con el Ejército mexicano como operador.
Más tarde se consiguió lo que AMLO quería, que la Guardia Nacional pasara a estar bajo mando militar, como es hoy. Pero a estas tareas se les agregó toda clase de funciones insospechadas, tales que para muchos no eran apropiadas y sí desacreditaban al Ejército y a la Marina. Incluso, integrantes del Ejército opinaban y opinan en este sentido.
Hoy las fuerzas armadas, además de tareas ingentes, están orientadas a la seguridad pública en México. Sobre todo, porque el crimen organizado en el país es cada vez más intenso, agresivo y con trágicos resultados. No obstante, el discurso oficial dice que ya está a la baja. Una cosa es la retórica política-oficial de intento de control de crisis y otra la realidad, la terca realidad.
Todo esto ha traído consecuencias. Hay un fenómeno que tiene que ver con el factor humano y con la falta de ética de algunos de sus integrantes militares.
Este lunes se publicaron cifras oficiales por las cuales hay militares involucrados con el crimen organizado. Esto es:
‘Según datos de la Fiscalía de Justicia Militar, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, la Defensa ha detectado a soldados que dan información a grupos de la delincuencia
‘Que entre 2010 y 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional presentó 278 denuncias contra soldados por delincuencia organizada y delitos contra la salud.
‘Que consta en expedientes que son los mandos medios de la Defensa quienes detectaron situaciones irregulares de sus subordinados tales como el robo de armas o relaciones con desertores que forman parte de alguna agrupación criminal, y que las denunciaron a sus superiores para llevarlos ante la justicia y que sean sancionados’.
Son cifras oficiales. El tema es saber si, por el bien de la institución, están todos los presuntos casos de infidencia ahí, como de traición y de espionaje; de presuntas violaciones a los derechos humanos y abusos de algunos los militares en contra de la población civil, casos que, con la misma presunción de hechos, han sido dados a conocer por distintos medios de comunicación.
Por otra parte, también con datos oficiales, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia el 1 de diciembre de 2018 y hasta el 30 de septiembre pasado —día que concluyó su sexenio— murieron en acción 261 soldados; 76 más que en el sexenio de Peña Nieto. Hasta mediados de enero, del gobierno de Claudia Sheinbaum, nueve efectivos militares han muerto en el frente.
El grueso de las muertes las encabeza los grados más bajos del Ejército y la Fuerza Aérea, así como de la Guardia Nacional. Los cabos, soldados y sargentos segundos son las víctimas más incidentes en la guerra contra el narcotráfico.
Por supuesto, el factor humano está a la vista. De esas 278 denuncias cuyo proceso es extremadamente lento, aún falta por conocer culpabilidad o inocencia. Sin embargo, también falta saber si estos son los únicos que han cometido estos actos anti-éticos.
¿Cuántos no se han dado a conocer? ¿Cuántos están en proceso civil por actos cometidos en contra del país y de la institución a la que han pertenecido?
Las fuerzas armadas de México son una institución de defensa de nuestra soberanía nacional y de nuestra seguridad interior. Sigue siendo una institución a la que se respeta y quiere. Una institución a la que urge que recupere todo el buen prestigio que durante muchos años le ha sido propio.
Y sí, también urge-urge-urge que se garantice la seguridad nacional, desmilitarizarla sería también una solución en beneficio del país y del Ejército mexicano.
