Por Tomás Milton Muñoz Bravo
A pesar de que la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación sostienen que se respetan los derechos humanos de los migrantes en tránsito por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, la realidad es diferente y aterradora, como lo demuestran el sistemático acoso que sufren las personas indocumentadas por parte de elementos de fuerzas de seguridad y la violencia que ejercen en su contra grupos del crimen organizado, situaciones que parecen no mover más la indignación colectiva, ni siquiera ante la evidencia de nuevas masacres de migrantes.
Al iniciar el siglo XXI, y con el cierre de fronteras de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, grupos dedicados al trasiego de drogas ilícitas decidieron ampliar sus actividades debido a la imposibilidad de colocar todo su producto en territorio estadounidense. La extorsión, el robo de autos, el secuestro, el cobro de piso, así como el tráfico y trata de personas se convirtieron en parte esencial de su “cartera de negocios”, con lo que desplazaron en buena medida a los tradicionales “polleros” o “coyotes” dedicados a cruzar a migrantes al vecino país del norte.
La situación empeoró para los indocumentados debido a las políticas restrictivas impuestas por los gobiernos estadounidenses y luego de que en 2006 el entonces presidente mexicano Felipe Calderón decidió lanzar su mal llamada guerra contra el narcotráfico con la que se puso en mayor vulnerabilidad a los migrantes, se encareció el costo de los traslados y el pago a los “coyotes” y grupos criminales empezaron a secuestrar a extranjeros en tránsito para extorsionarlos o reclutarlos en sus filas, y si se negaban simplemente eran asesinados.
Las vejaciones y tropelías fueron documentadas por organizaciones no gubernamentales, académicos y por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en 2009 publicó un informe especial, no obstante, las autoridades mexicanas hicieron caso omiso y fue hasta la revelación en agosto de 2010 de una masacre en contra de 72 migrantes centroamericanos y sudamericanos en San Fernando, Tamaulipas, a manos de los Zetas, que las autoridades reconocieron la violencia sistemática en contra de los migrantes.
La indignación que provocó el asesinato colectivo en diferentes sectores de la sociedad mexicana, la presión internacional de organizaciones no gubernamentales, de agencias internacionales y de otros países, obligó a contar con dos nuevas leyes: la de Migración y la de Refugio, aprobadas en 2011, y a que el gobierno federal se comprometiera a salvaguardar los derechos de los migrantes.
A pesar de lo anterior y de que se ha dado la alternancia en la Presidencia de la República con el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 2012, y el triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como candidato, en 2018, México continúa como el gran cementerio de los sueños y de las vidas de migrantes indocumentados en su intento por alcanzar el “sueño estadounidense”.
Desde 2010 a la fecha, el Estado mexicano y sus autoridades han sido incapaces de detener y en muchos casos cómplices de la violencia estructural que se ejerce en contra de los migrantes, mientras los grupos del crimen organizado continúan enriqueciéndose y explotando los cuerpos de los indocumentados que salen de sus países de origen debido a gobiernos fallidos, pobreza, falta de oportunidades laborales, violencia social, amenazas de los grupos conocidos como maras y desastres naturales. Su realidad es brutal, pues si se quedan en sus lugares de origen se resignan a medio vivir o a ser asesinados por grupos criminales, y si deciden emigrar corren el riesgo de quedarse en un gran cementerio llamado México.
En tanto, las autoridades estadounidenses, sin importar si son republicanas o demócratas, siguen sin comprometerse a solucionar las causas de raíz que llevan a la emigración forzada, y las mexicanas se dedican a afirmar que se respetan los derechos humanos de los migrantes, como lo hizo AMLO el pasado 21 de enero, y a negar que la reciente masacre en Camargo, Tamaulipas, sea un nuevo San Fernando, según lo sostuvo la secretaría de Gobernación, Olga Cordero, el 27 de enero, mientras, fuerzas federales mexicanas continúan como el muro fronterizo virtual que impuso Donald Trump para contener el paso de los flujos migratorios.
En los siguientes días se corroborará si la mayoría de los 19 cuerpos calcinados y encontrados en Camargo corresponden a migrantes guatemaltecos, asesinados otra vez por el crimen organizado, sin embargo, llama la atención la pérdida de asombro que ha demostrado una parte de la sociedad mexicana ante la violencia extrema ejercida en contra de los más vulnerables, como si fuera un acto normalizado, cotidiano.
También es preocupante que voces importantes de la academia y líderes religiosos comprometidos con las causas de los migrantes no levanten sus voces como lo hicieron cuando ocurrió la matanza de San Fernando, parecería que pesa más su cercanía con el autodenominado proyecto de la 4T o su amistad con el presidente.
La opinión expresada en este artículo es responsabilidad del autor y no refleja el punto de vista del Tecnológico de Monterrey.
* Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Profesor e investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales, director de la Revista de Relaciones de la UNAM y profesor de cátedra en el ITESM Puebla.
