La nominación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Gran Bretaña hace recordar como los personajes polémicos mexicanos son enviados en misiones diplomáticas a ese territorio.
Ocurrió hace unos años, cuando la secretaria de Medio Ambiente, Josefa González Ortiz incurrió en una grave falta, haciendo uso prepotente de su función pública.
La hija de José Patrocinio González iba retrasada a tomar un vuelo que la regresara a la CDMX, después de una gira de trabajo y se le ocurrió la brillante idea de retrasar el vuelo de marras.
El escándalo no fue menor y en aquellos tiempos, cuando la 4T trataba de mostrar su diferencia con los neoliberales procedió a relevarla de cargo y hacerla al poco tiempo embajadora en la Gran Bretaña.
Ahora la sustituye otro polémico funcionario que no salió con las mejores credenciales de su cargo de Fiscal General de la República.
Gertz Manero no espero demasiado para insertarse nuevamente en la alta esfera de los cargos públicos y sin experiencia en la materia diplomática otra vez vive dentro del presupuesto.
Ahora la tarea que dejó pendiente el exfiscal la tiene que resolver la nueva fiscal, Ernestina Godoy, quien ya dio muestra del tipo de fiscalía que tendrá.
Por lo pronto, una de sus principales tareas es definir que produjo el descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó un saldo de 14 personas muertas.
Discernir que produjo el incidente y si hay responsables del mismo con menos de dos años de funcionamiento.
Un asunto que llama poderosamente la atención es si ahora si se atenderá la compleja carga de casos sin resolverse, en medio de especulaciones que dejan dudas sobre la impunidad y transparencia en investigaciones clave.
La Fiscalía General de la República (FGR) continúa enfrentando una acumulación significativa de sus expedientes pendientes que reflejan retos políticos y judiciales en su labor de combate a la impunidad. Entre los casos más emblemáticos se encuentran denuncias relacionadas con figuras políticas y empresariales, cuyos procesos permanecen estancados por años, evidenciando una importante oportunidad para renovar el compromiso con la transparencia y la justicia.
Uno de los casos que ha generado mayor atención es el de investigaciones abiertas contra un exgobernador del estado de Tabasco, cuyo nombre se relaciona con auditorías que detectaron irregularidades millonarias en contratos públicos. A pesar de las denuncias formales y las evidencias presentadas, las acciones de la fiscalía aún permanecen en la etapa, sin citatorios ni procedimientos claros. Esta situación ilustra las dificultades en la tramitación de casos de alto impacto, que demandan mayor diligencia y transparencia.
Asimismo, se mantienen en la sombra procesos contra integrantes del Poder Legislativo, por presunta utilización indebida de recursos y operaciones patrimoniales cuestionadas. La inacción en estas investigaciones alimenta la percepción de una justicia selectiva y refuerza la necesidad de cambios institucionales profundos”. Se tienen también otros expedientes como el de corrupción en la compra de bienes y viajes de legisladores permanecen sin avances claros, a la vez que casos de interés nacional, como los relacionados con escándalos de corrupción, siguen sin resolverse plenamente.
