El pasado 23 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Senado una propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, generando un intenso debate en la sociedad mexicana. La iniciativa busca, según el gobierno, regular el espectro radioeléctrico y proteger a la ciudadanía de contenidos nocivos. Sin embargo, esta reforma abre la puerta a prácticas autoritarias y vulnera derechos fundamentales.
Ya el 24 de abril, las comisiones unidas del Senado aprobaron el dictamen para expedir esta Ley con 29 votos a favor y nueve en contra. Lo que llama la atención es que los Senadores que la aprobaron ni siquiera se tomaron la molestia de leer el contenido de la iniciativa. La misma presidenta en su mañanera del 25 de abril, ante las críticas, hizo evidente que desconocía partes del documento que ella presentó.
Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 109, que faculta al Estado para bloquear plataformas digitales bajo el argumento de proteger la seguridad nacional y el orden público. La falta de definiciones precisas genera preocupación, ya que serían interpretadas con discrecionalidad y así censurar contenidos críticos al gobierno o restringir el acceso a información diversa, el sueño de todas las dictaduras. La presidenta ha negado intenciones de censura y ha ordenado revisar el artículo para eliminar ambigüedades. Sin embargo, la posibilidad de que el Ejecutivo tenga el poder de bloquear plataformas sin un marco claro de actuación es alarmante, sobre todo con un Poder Judicial totalmente disuelto y servil al gobierno en turno como el que se pretende construir a partir del 1 de junio.
La reforma también propone la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), con funciones que antes correspondían al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Esto ha generado críticas por la concentración de poder en una sola institución y una sola persona, ya que esta instancia no es un órgano colegiado y depende directamente del titular de Ejecutivo, lo que compromete la imparcialidad en la regulación del sector. Además, la ATDT podría actuar como un ente político, censurando o favoreciendo a medios afines al gobierno.
Otro aspecto polémico, es la prohibición de la difusión de propaganda emitida por gobiernos extranjeros en medios nacionales. Esta medida se da tras la trasmisión de anuncios antimigrantes de la campaña de Trump, sin conocimiento del gobierno mexicano. Si bien es comprensible la preocupación por la injerencia extranjera, la prohibición puede ser utilizada para censurar voces críticas o limitar el acceso a la información internacional diversa.
Los spots pagados por el gobierno de Estados Unidos, son trasmitido en idioma inglés con subtítulos en español, donde la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, lanza una advertencia: “Si eres un criminal extranjero considerando entrar ilegalmente a los Estados Unidos, ni lo pienses”. Éstos son transmitidos en horarios estelares, en partidos de futbol y plataformas como YouTube y Facebook, llegando directamente a millones de mexicanos.
Aunque los anuncios se trasmiten desde principios de marzo, es hasta el lunes 21 de abril que la presidenta comenta sobre el tema en su “mañanera”, e informa sobre la intención de presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión; lo cual, parece solo un pretexto, aprovechando la coyuntura, para buscar un control total sobre las comunicaciones en México.
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se pronunció sobre el tema en su cuenta de X: “Ante la presentación de la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hacemos respetuoso llamado al Senado mexicano a garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas”.
Las facultades para bloquear plataformas digitales, la concentración del poder regulador y la restricción de contenidos extranjeros plantean dudas sobre el respeto a la libertad de expresión y al pluralismo informativo. La oposición califica la reforma como un atentado contra la democracia y los derechos humanos. Es fundamental que el Senado realice un análisis exhaustivo de la propuesta y garantice el respeto a los principios democráticos y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
@aguilargvictorm
