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Opinión

Las Plumas del Tecolote

Violaciones

 


•  Sin Castigo

•  Incendios

 

Indignación total tras conocerse el video difundido en redes sociales por los abusos sexuales a los que son sometidos elementos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, ante la apatía, negligencia y displicencia del presidente municipal Francisco Martínez Neri. La sociedad oaxaqueña espera que el responsable de los destinos de la capital del estado actúe con seriedad y responsabilidad, y se despoje de la modorra en la que ha navegado todos estos meses de su gestión.

A pesar de que se informó que los cuatro elementos involucrados que pertenecen al grupo de operaciones especiales GUFE, fueron retirados del servicio rutinario hasta la conclusión del proceso administrativo, la exigencia ciudadana es que se actúe con apego a la ley, se deslinden responsabilidades y se destierre la impunidad con que han actuado en todo este tiempo.

No es posible que este tipo de actos se sigan presentando entre quienes son responsables de brindar seguridad física y patrimonial a los oaxaqueños, cuando el mayor reclamo es garantizar un clima de orden y tranquilidad, contar con servicios policiales eficientes y sobre todo con apego a los derechos humanos. Un reto que no ha logrado atender mucho menos resolver el titular de Seguridad Pública en la capital del estado, Raúl Ávila Ibarra.

Si bien el gobierno municipal calificó el hecho como un caso de “indisciplina” de algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil, hace algunas semanas también se difundió un video de un probable caso de tortura en el cuartel de la policía municipal, hecho que la autoridad reconoció pero que reclama de una sanción ejemplar. Casos que se acumulan y de los cuales no hay respuestas concretas.

 

… A VUELO DE PÁJARO

Pasan los meses y la administración de Martínez Neri busca arropar con la impunidad el robo de unidades que permanecían resguardadas en el encierro “Primavera” y tanta indignidad ha causado que la diputada local de Morena, Lizeth Arroyo Rodríguez, ya dijo: “los responsables deben asumir su responsabilidad y si tienen que irse, que dejen el cargo”. A pesar de los reclamos de acelerar la investigación y aplicar la ley, pasan los días y el manto del abandono parece cubrir esta actividad delictiva.

 

Incendios

Desde hace mucho tiempo quienes combaten los incendios forestales han denunciado que en diferentes regiones del estado las propias comunidades animan esas conflagraciones y no permiten que sean sofocados por las diferentes instancias lo que hace más complicado esta situación. La Comisión Estatal Forestal (Coesfo) reportó tres puntos de incendio en territorio de San Juan Mixtepec y San Juan Ñumí en la región de la Mixteca provocados por un conflicto social y agrario con la intención de desestabilizar y provocar muertes violentas. Si bien ya investigan el suceso sería muy delicado que las propias comunidades sean las responsables de incendiar sus bosques por cuidar o proteger intereses muy particulares.

 

Nulo esfuerzo

Totalmente ignorada la convocatoria del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez para que las partes en conflicto, MULT y MULTI, diriman la escalada de violencia en la zona triqui.

Las constantes agresiones han hecho fracasar los intentos para terminar con estos sucesos, pues en el discurso hablan de privilegiar la paz pero en los hechos hacen todo lo contrario. El 4 de mayo de 2022 marcó nuevamente el inicio más fuerte de la embestida del MULTI contra los habitantes de la comunidad de Tierra Blanca, abandonada por el gobierno municipal, estatal y federal quienes solo atienden a los “desplazados forzados internos” y abandonan a su suerte a las familias que están siendo asediadas.

 

Agresiones

La organización internacional de defensa a periodistas Artículo 19 confirmó que 2022 fue el año con más agresiones contra comunicadores en nuestro país, desde que tiene registro. En su informe anual “Voces contra la indiferencia”, documentó que en 2022 hubo 696 atentados, que incluyen intimidación y hostigamiento, amenazas, uso ilegítimo del poder público, alteración de contenidos, ataques físicos y a bienes, privación de la libertad y asesinatos. Alertó que “en México se mata a periodistas, pero también se les amedrenta y se les calla de manera sistemática y recurrente mediante hostigamientos, estigmatizaciones, amenazas y uso ilegítimo del poder público”.

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