Para el ejercicio pleno de nuestra libertad, y en todos los aspectos de nuestra vida, requerimos de información para tomar las mejores decisiones. Entendemos la libertad, como la capacidad que tiene cada quien para elegir entre dos o más opciones. Reza la cita bíblica “la verdad os hará libres”. El tener la información que necesitamos de manera confiable, suficiente y oportuna; no es asunto menor, porque nos permite alcanzar nuestros objetivos. Bajo esta lógica, tiene sentido aquella frase: “la información es poder”.
La información es un conjunto de datos relevantes que extraen de él un conocimiento que nos será útil.
En el ámbito público, entre mejor informada esté una sociedad, ésta tomará mejores decisiones. En una democracia, la soberanía reside original y esencialmente en el “pueblo”; quien a través del voto libre y secreto, elige a sus gobernantes, por lo que tiene el derecho a toda la información sobre el actuar de los mismos. La Ley determina que toda la información gubernamental es pública, excepto aquella que esté clasificada como confidencial o reservada. La información confidencial, es aquella que tiene que ver con los datos personales de particulares. La información reservada, es aquélla cuya difusión pueda: comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; menoscabar la conducción de la negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros Estados u organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado; dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.
Cualquier ciudadano tiene el derecho a preguntar o solicitar la información gubernamental que requiera. Para ello, el gobierno debe garantizar y establecer los mecanismos de transparencia que le permitan al ciudadano acceder a toda la información que necesite.
La transparencia, de acuerdo con la OCDE, es un concepto relacionado con la posibilidad de que la información real de una empresa, gobierno u organización pueda ser consultada por los diferentes sujetos afectados por ella, de tal modo que éstos pueden tomar decisiones con conocimiento de causa y sin asimetría de información.
La falta de transparencia en la administración pública favorece la corrupción. La existencia de trabas y el exceso de burocracia constituyen un verdadero caldo de cultivo para el delito. Es urgente promover una mayor transparencia en el sector público para evitar la corrupción. En este sentido, las administraciones públicas más transparentes serían aquellas donde es más difícil que exista corrupción y las menos transparentes son aquellas donde los delitos son más fáciles de cometer.
En México, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, durante la administración del presidente Vicente Fox. Posteriormente, en 2003, se publicó su Reglamento. En opinión de los expertos en la materia, fue la primera Ley de acceso específica, así como la más avanzada y detallada del continente americano que dio origen al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI).
Sin embargo, las últimas dos administraciones incluyendo la actual, no han favorecido a los ciudadanos sino al gobierno, haciendo difícil el acceso a la información. Incluso, en los apartados de transparencia de las páginas de internet de los organismos públicos, han reducido la información que presentan. La opacidad siempre será sospecha de que algo se quiere ocultar.
El actual INAI, es el encargado de velar por que se respete el derecho a la información; pero también, es el garante de la protección de los datos personales de los particulares. Justamente, fue creado como órgano autónomo para hacer frente al poder, cuando éste no rinda a los ciudadanos la información a que tiene derecho, o haga mal uso de la información privada como actualmente sucede.
