Cualquier sistema electoral requiere reformarse y actualizarse continuamente para adecuarse a las nuevas dinámicas sociales, así como, a los cambios tecnológicos y políticos. Las últimas reformas electorales se han realizado con el consenso de las fuerzas políticas, lo cual ha permitido fortalecer el sistema democrático mexicano.
Es importante conocer la historia para aprender de ella y no volver a tropezar con las mismas piedras. Por mucho tiempo la Secretaría de Gobernación fue la directamente encargada de organizar los procesos electorales. La sospecha del fraude electoral siempre estuvo presente y fue sombra de algunas elecciones específicas cuya duda todavía permanece, como en las cuestionadas elecciones federales de 1988, organizadas por la Comisión Federal Electoral presidida por el Secretario de Gobernación, en ese entonces Manuel Bartlett Díaz, cuyo sello fue la famosa caída del sistema; la demanda de la ciudadanía y de los partidos de oposición fue la creación de un órgano electoral independiente.
Así 1990, surge el Instituto Federal Electoral (IFE), a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. Desde entonces a la fecha se han realizado diferentes cambios siendo la más importante la reforma de 2014 que desaparece al IFE y crea al actual Instituto Nacional Electoral (INE).
Actualmente, el presidente ha propuesto una nueva reforma electoral que aprovecha Morena para promover y promoverse. De acuerdo a su narrativa busca garantizar el voto de los ciudadanos, evitar fraudes electorales y democratizar la vida del país, bajo el eslogan “el poder al pueblo”.
La reforma propone que se eliminen los diputados plurinominales, se reduzcan los diputados federales, se reduzcan los senadores, la elección de consejeros y magistrados sea por voto popular, reducción de los integrantes de los ayuntamientos en los municipios, eliminación del financiamiento público, reducción de los tiempos en radio y televisión en materia electoral, ahorro de más de 24 mil millones de pesos, reducción al 33% de participación para que la revocación de mandato sea vinculante, y la creación del Instituto Nacional Electoral y Consultas.
Aunque a un amplio sector ciudadano, a simple vista, le puedan parecer correctas estas propuestas, lo cierto es que están más orientadas a fortalecer un régimen que a mejorar nuestra democracia.
De acuerdo con Luis Carlos Ugalde: “Un riesgo eminente de sobrevivencia de la democracia electoral mexicana es la penetración creciente del crimen organizado, es cierto que siempre ha estado presente, es cierto que participa y ha fondeado campañas y ha sobornado candidatos ganadores, pero lo que hemos visto en los últimos años es que hay una presencia creciente en la movilización del voto, en la inhibición del voto de adversarios e incluso en la intervención en casillas el día de la jornada”.
Por otra parte, José Woldenberg realizó críticas respecto a la reforma, en el Foro organizado por la coalición “Va por México”:
“Privar a los partidos del financiamiento ordinario es debilitarlos de manera extenúa y dado nuestras lamentables usos y costumbres, beneficia sin duda al partido que se encuentra en el gobierno por los apoyos pocos disimulados que recibe del aparato estatal”,
Respecto a eliminar al INE y a los llamados Oples, así como, elegir por medio del voto popular a sus consejeros, José Woldenberg mencionó:
“El problema que resulta políticamente más alarmante es la intención apenas escondida de mermar la autonomía de las instituciones electorales para alinearlas a la voluntad oficial”.
“Las ocho reformas previas, de 1977 a 2014, fueron respuestas a exigencias de las distintas oposiciones que buscaron garantías de imparcialidad y equidad en las contiendas (…); esta sería la primera reforma desde entonces que se hiciera para satisfacer los reclamos del presidente, va a contracorriente del proceso democratizador de las últimas décadas y eso, supongo, es lo más peligroso”, puntualizó.
Finalmente, Woldenberg concluyó: “Tal como está planteada la reforma, sería una regresión, ojalá no pase; es necesario recordar que en materia electoral lo óptimo es lograr acuerdos entre las fuerzas políticas; no se trata de una legislación más, es la que permite que la diversidad política conviva y compite de manera institucional y pacífica”.
