Digamos que en México hubo una especie de tregua. ¿Acordada? Durante el proceso electoral, el crimen organizado parece haber tenido una detente y sus acciones violentas de los meses anteriores comenzaron a disminuir y acaso a desaparecer. Y uno suponía que, en efecto, “en el país ya no hay violencia criminal”, como afirmaba el presidente mexicano.
No obstante aquellos fenómenos de inseguridad pública fueron sustituidos por otro modelo de acción; por un modelo de crimen político. Esto porque a lo largo de los meses, desde septiembre de 2020 y hasta los primeros días de junio de 2021 ocurrieron homicidios de políticos, precandidatos y candidatos. Todos vinculados con el proceso electoral.
Según datos del Indicador de Violencia Política en México, hecho por la consultora Etellekt, del 7 de septiembre de 2020, cuando inició el proceso, hasta el 5 de junio, es decir dos días después de terminado el periodo de campañas, fueron asesinados 91 políticos, de los cuales 36 eran aspirantes o candidatos y de éstos últimos 31 eran del ámbito municipal y 90 por ciento eran opositores a los presidentes municipales del lugar en donde vivían.
Y cuando uno suponía que todo aquello terminó con el cierre de campañas y con la jornada electoral, unas cuantas semanas después del 6 de junio comenzó otro ciclo mortal.
El gobierno mexicano ha insistido en que ‘la situación criminal en México está bajo control’. Que no hay de qué preocuparse. Que los medios de comunicación inflan información para mal-informar. Que los aparatos de seguridad del país están funcionando bien. Qué hay control y operatividad. Que también es asunto de los gobiernos de los estados o municipios…
Pero lo que se ve y se informa está ahí, a la vista, y si, es inquietante. El primer gran llamado de atención fue lo ocurrido en Reynosa, Tamaulipas el sábado 19 de junio pasado, cuando desde distintos carros comenzaron a disparar a diestra y siniestra en contra de la población civil. Hubo 15 muertos civiles y 4 presuntos homicidas más.
La masacre fue dolorosa por el gran número de familias que sufrieron la pérdida de algunos de los suyos… Pero también la impotencia y la indignación surgieron pronto. ¿Y dónde estaba la autoridad y la seguridad pública tanto estatal, como municipal y, sobre todo, la federal? ¿Por qué tardaron tanto al llamado urgente de la población inerme?…
Y en adelante comenzó un proceso de distintos hechos criminales que merecen la atención rigurosa de las autoridades, en particular de los encargados de la seguridad pública del país.
El 21 de junio, en Nicolás de los Agustinos, Salvatierra, Guanajuato, hombres armados dispararon contra un grupo de personas que se encontraban afuera de un taller de reparación de motocicletas. El ataque dejó siete muertos y dos heridos.
Luego el 22 de junio ocurrió un motín en el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco con el saldo de seis muertos.
El 23 de junio, personas armadas irrumpieron en un domicilio en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, y ejecutaron a siete personas, cuatro mujeres y tres hombres. Dos días después, de nuevo en Zacatecas, el viernes 25 de junio en la carretera San Juan Capistrano a Azulillo, en comunidades de Valparaíso, ocurrió un enfrentamiento armado entre integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa con saldo de al menos 18 personas muertas.
Una de las principales promesas de campaña de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, para la presidencia de la República fue que la seguridad pública sería prioritaria en el país. Que, de ganar las elecciones, acabaría la violencia criminal pues tan sólo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se abrieron 125 mil 508 carpetas por los delitos de homicidio y feminicidio.
“Juntos haremos historia” Ganó las elecciones. Se creó la Guardia Nacional como órgano de protección y seguridad pública. Se involucró al Ejército y a la Marina nacionales. La GN se asumió como un organismo de mando civil, aunque en lo operativo ha estado en manos del Ejército mexicano. Se dijo que estaba organizada y capacitada para hacer frente a la violencia criminal y en defensa de los mexicanos en todo el país, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.
El problema sigue ahí y es más potente. Más intenso. Más disperso. Cada vez es más trágico.
¿Cuál es la razón de este incremento si se tiene –como se asegura- el modelo de control? ¿Dónde está la Guardia Nacional que debería atender este asunto? ¿Qué ocurre mientras se habla de que esta Guardia Nacional pasa a ser parte del Ejército mexicano?
¿Y la Secretaría de la Seguridad y Protección Ciudadana? ¿Por qué parece que los responsables miran para otro lado? ¿El problema es la estrategia ‘abrazos no balazos’ según anunció el Ejecutivo?
Por supuesto se debe someter al imperio de la ley a quien cometa cualquier delito, y más si son de esta magnitud. Pero también es importante ir a las razones del fondo de este incremento tanto por su capacidad de confrontación como por el volumen de sus cuadros.
La creación de estos cuadros sigue teniendo su origen en la pobreza; en la falta de oportunidades para acceder al sistema escolar o al sistema laboral, con sueldos dignos y trabajo asegurado con todos los beneficios sociales para el trabajador y su familia. Hoy el desempleo se incrementa, la economía informal está más frondosa y la delincuencia cada vez más joven.
Buscar soluciones no sólo es aumentar la estructura de seguridad pública militar o civil; sí perseguir el mal de origen y esto tiene que ver con un plan estratégico de desarrollo, trabajo, salarios, seguridad social. Un plan de gobierno. No paliativos.
