Las desapariciones de personas en México son generalizadas y sistemáticas, y constituyen una crisis humanitaria según diversas organizaciones de derechos humanos en México y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
El caso del Rancho Izaguirre ha hecho visible que no solo nos faltan 43, sino más de 125 mil. En México se ha registrado un alarmante número de personas desaparecidas con 125,287 casos registrados, que equivalen a la desaparición una ciudad completa.
El 90% de estas desapariciones han ocurrido desde 2006, y más de 60,000 se han registrado desde 2019, ante la indolencia de las autoridades y la indiferencia de la sociedad.
Según el reporte que emite el portal Red Lupa, en 2024 se registró la cifra más alta de personas desaparecidas con el 48%, concentrándose el mayor número en cinco estados que son: Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León.
Tlaxcala y Tabasco presentan un aumento significativo de casos, solo en Tabasco el aumento fue de más del 80% en comparación con el 2023.
El rango de edad en que se concentran la mayoría de casos de personas desaparecidas sigue siendo de los 25 a 29 años. En el caso de niñas y mujeres desaparecidas el rango es de los 15 a los 19 años. En este rango de edad se concentra 22% de los casos de niñas y mujeres desaparecidas. En 2024, Oaxaca presenta un incremento de 16% en mujeres desaparecidas.
Las desapariciones tienen que ver con explotación de individuos con fines de trabajo forzado, prostitución, explotación sexual, esclavitud moderna y reclutamiento para actividades criminales.
La ONU a través de su Comité contra la Desaparición Forzada, anunció el 4 de abril su decisión de activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención con respecto a la situación de México.
El Comité contra la Desaparición Forzada monitorea la aplicación por los Estados Partes de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El Comité está integrado por 10 miembros expertos independientes en derechos humanos procedentes de todo el mundo.
El artículo 34 de la Convención dispone que "si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas.
El artículo 2 de la Convención define la desaparición forzada como "la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer la privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida; que colocan a esa persona fuera de la protección de la ley.
El gobierno mexicano ha buscado desacreditar esta decisión del Comité de la ONU.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, anunció que prepara un documento que presentará ante la ONU para que sancione al presidente del Comité
Contra la Desaparición Forzada, Olivier Frouville, en caso de que no retire sus planteamientos de que existen desapariciones sistemáticas y generalizadas en
México.
El Comité aclaró que, “de conformidad con la Convención, su decisión de activar el
procedimiento del artículo 34 se adoptó por consenso sobre la base de denuncias recibidas en virtud de esta disposición, pero también teniendo debidamente en cuenta los informes, la información adicional, las respuestas presentadas de manera constructiva por el Estado parte desde el 2014 en el marco de las peticiones de acción urgente, las comunicaciones individuales y el informe adoptado por el Comité tras su visita a México.”
Es un hecho, que las actuales administraciones de todos los niveles y las anteriores, son responsables por acción o por omisión, en la tragedia humanitaria que vivimos hoy por la gran cantidad de personas desaparecidas en México y que requiere la atención urgente y coordinada, no solo por parte del gobierno, sino también de la sociedad civil, por lo que es bienvenida la intervención de la ONU.
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