Hay monumentos que son mucho más que piedra, arcos y muros: representan nuestra historia, el esfuerzo de quienes nos precedieron y la memoria colectiva que debemos preservar. El Acueducto de San Felipe del Agua es uno de ellos. Por eso preocupa que, durante años, haya sufrido intervenciones, rupturas y construcciones que amenazan su integridad, mientras las autoridades responsables de protegerlo parecen actuar de manera desigual, intermitente y, en ocasiones, omisa.
Este monumento histórico está protegido por la legislación federal y forma parte de las primeras obras hidráulicas de la ciudad colonial de Antequera. Según una reseña histórica de Guillermo Rangel Rojas, entre 1548 y 1550, Diego de Montero construyó una toma de agua en las inmediaciones de San Felipe.
En 1558, fray Pedro de la Peña, prior del convento dominico de San Pablo, se comprometió a conducir el agua hasta la huerta de Diego de Leyva, a cambio de dos tomas para los molinos que pretendía construir. Un año después, el Cabildo reclamó al virrey el incumplimiento del acuerdo. Hacia 1570, el alcalde mayor Juan Gallegos impulsó otra toma y, en 1572, el Ayuntamiento contrató a los canteros Juan de Alcántara y Juan de la Vega para construir un conducto hacia la ciudad, por 1,850 pesos de oro.
Estos antecedentes muestran que el abastecimiento de agua fue una empresa colectiva en la que participaron autoridades, particulares y religiosos. También conocí parte de esta historia en reuniones de historiadores y ciudadanos interesados en Oaxaca, entre ellos don Raúl Bolaños Cacho Guenduláin, el doctor Juan I. Bustamante y el ingeniero Alberto Bustamante Vasconcelos, celebradas en el Archivo Histórico de Oaxaca, en el antiguo conjunto de Los Siete Príncipes.
Recuerdo con tristeza la preocupación de aquellos hombres por el deterioro de los archivos, cuyos documentos se encontraban en el suelo, revueltos y desordenados. Posteriormente, el acervo fue trasladado a un espacio en la zona de Las Canteras, donde espero que se conserve adecuadamente.
Aquellas conversaciones fortalecieron mi admiración por el patrimonio edificado de Oaxaca y, especialmente, por el Acueducto de San Felipe, una obra monumental que forma parte de nuestra identidad y que no debemos permitir que se destruya por indiferencia, negligencia o conveniencia. Desde entonces he denunciado diversas agresiones contra este monumento, algunas con resultados favorables y otras sin éxito.
Recuerdo especialmente el difícil momento que vivió nuestro querido e inolvidable amigo Carlos Sada Solana cuando era presidente municipal. En aquella ocasión, se había ordenado romper una parte del acueducto para prolongar la avenida Jacarandas, en San Felipe del Agua. La intervención habría contado con autorización del entonces delegado del INAH, quien fue separado de su cargo el mismo día de mi denuncia.
Con ayuda de trabajadores del Instituto y de una investigadora que se encontraba en Monte Albán, hice llegar la denuncia a las autoridades competentes. La respuesta fue contundente: el INAH federal dio al Ayuntamiento un plazo de 24 horas para reconstruir el tramo afectado, bajo advertencia de las consecuencias penales correspondientes.
Aquel episodio dejó una enseñanza fundamental: cuando las autoridades asumen su responsabilidad y hacen cumplir la ley, es posible detener las agresiones contra el patrimonio histórico y exigir la reparación del daño.
Sin embargo, queda una pregunta: si entonces fue posible actuar con firmeza, ¿por qué no se procede con la misma determinación frente a las actuales agresiones que siguen amenazando al Acueducto de San Felipe del Agua?
