Sin duda alguna, los últimos días han generado una nueva división entre la ciudadanía.Las acciones implementadas contra el huachicol por parte de López Obrador y su Gobierno, para unos han sido verdaderamente planificadas y para otros una serie de improvisaciones, incluso para los de ese mismo lado, el de los otros, un golpe ideológico, en el contexto de una reciente nota publicada por el Wall Street Journal, que señala que la actual administración ha dejado de importar gasolina hasta en un 43% pero que días después, el articulista aclaró que se refería a crudo ligero.
El desabasto de gasolina, consecuencia de esta estrategia, es un problema de distribución, no de escasez, los principales ductos del país han sido cerrados de manera intermitente como parte de la estrategia para combatir el robo al combustible, aunado al sabotaje que han sufrido los mismos, por parte de los grupos delictivos, ya sea por protesta o presión para el gobierno, en el entendido de un verdadero golpe frontal a sus organizaciones, pues se deben realizar tareas de mantenimiento por parte del personal de Pemex.
El problema no es nuevo, tiene más de 18 años, lo que representa una ordeña directa a nuestros recursos naturales y sobre todo al dinero de todos los mexicanos, dinero que se pudo haber invertido en programas sociales, infraestructura para el país o para el propio Pemex, pago de deuda, entre más.
Según la propia Paraestatal, en estos solamente dos años pasados, desde el periodo 2016-2018, se han robado lo equivalente al 60% de lo que se gasta en pensiones para adultos mayores.
El huachicoleo, no es la única forma en la cual se extraía el combustible de manera ilegal, consistiendo en chupar de los ductos el líquido directamente; también se encontraron casos en los cuales se extraía de las refinerías, uno de ellos en la Refinería Salamanca; hubo otros donde funcionarios desde la misma administración de la Paraestatal, etiquetaban el combustible como merma y efectuaban su venta.
Desde mi perspectiva, el beneficio económico a largo plazo, no se compara con las pérdidas económicas en estos días, es un beneficio permanente para una molestia temporal, el propio FMI y el Bank of America, han respaldado la estrategia del presidente.
Me di a la tarea de entrevistar a un estudiante destacado de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, Ángel Aldana, quien me comenta:
“La estrategia ha sido buena y la correcta, ya se habla de un ahorro de 2 mil millones de pesos en el transcurso que se ha implementado esta estrategia, pero seguramente pudo haber sido mejor. El punto nodal, no es la estrategia, es lo que representa el problema o debiera por lo menos despertar ese interés en la ciudadanía. Se comenzó con 100 tomas clandestinas aproximadamente en el gobierno de Fox; mil en el de Calderón y para la administración pasada se habla de alrededor de 10 mil.”
Si bien es cierto, que el gobierno no comunicó de manera adecuada la estrategia o que se pudo haber implementado de manera diferente, representa un fuerte golpe a la corrupción y crimen organizado.
Estos días, el presidente López Obrador junto con su gabinete han informado la detención de algunas células huachicoleras en algunos estados como Guerrero; Santiago Nieto, encargado de inteligencia financiera, la detección de irregularidades en algunas gasolineras en sus declaraciones; y el encargado de despacho de la PGR, la ya investigación de personajes vinculados a esta mafia, que por respeto al debido proceso, no se dan a conocer.
Los efectos económicos se notarán esta primera quincena de enero, pero serán mínimos, a los beneficios de sacarle el máximo provecho a nuestros recursos, tanto en lo económico y en lo legal, generando un verdadero Estado de Derecho.
