Fideicomisos públicos: ignorancia destructiva

El gobierno federal ha emprendido una feroz acometida contra más de un centenar de fideicomisos públicos. Quienes conocemos el tema, identificamos de inmediato que en esa mala intención hay dos posibilidades (o seguridades). La primera de ellas: la actual administración gubernamental desconoce el papel, función y fines de los fideicomisos. La segunda: aunque los conozca, se apoderará de los recursos patrimoniales de esos fideicomisos, ante la urgencia de liquidez por la carencia de recursos en el erario, debido al dispendio originado por los programas sociales y a las obras que le interesan al políticamente al gobierno, pero carentes de viabilidad y de interés público.

Tendremos que entrar en definiciones. El fideicomiso es originariamente un contrato que un fideicomitente (quien aporta recursos) celebra con una institución fiduciaria, un banco: el fiduciario. Los fondos del fideicomiso (el patrimonio), se debe destinar a algún fin lícito. Los beneficios los recibe el fideicomisario. El banco fiduciario es responsable de llevar a cabo los fines del fideicomiso y debe encargarse de los estados financieros y registrarlos en las Cuentas de Orden de su Balance General. El banco fiduciario es supervisado y vigilado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por normas que el Banco de México fija en sus circulares, todas vinculatorias. La ley fija los honorarios que el fideicomitente debe pagar al fiduciario por la administración del fideicomiso.

El contrato fiduciario se rige por la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y por la Ley de Instituciones de Crédito. Cualquier persona física o moral puede constituir fideicomisos privados y fija voluntariamente las reglas operativas de su contrato.

El gobierno federal puede abrir fideicomisos públicos. (También los gobiernos estatales y municipales). En los federales, el fideicomitente único es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y debe presidir sus órganos de gobierno.

Los fideicomisos públicos están regidos por las leyes mencionadas; también por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Entidades Paraestatales y el Reglamento de ésta. Los fideicomisos públicos deben contener Reglas de Operación y un Comité Técnico, integrado por representantes de las dependencias federales involucradas como ‘cabeza de sector’ y siempre contando con la presencia de un ‘Comisario’ de la Secretaría de la Función Pública. Para estos casos, las instituciones fiduciarias que ocupa el gobierno federal, serán siempre instituciones de Banca de Desarrollo (Nafin, Banobras, Bancomext, etc.). El ejercicio del patrimonio lo decide colegiadamente el Comité Técnico, no prevalece ninguna voluntad personal y es prácticamente imposible desviar fondos o destinarlos a otros fines que no estén contenidos en sus Reglas de Operación.

Casos exitosos de fideicomisos públicos han sido: Fomex, Fogain, FIRA, Fovi, Fonhapo, Fonatur, entre los más conocidos. Gracias a ellos se pudo fomentar el comercio exterior, la industria, la agricultura, la vivienda, el turismo, sin contar los destinados a la salud, a la protección civil, a la ciencia, a la cultura, al arte, al deporte.

Difícilmente se encontrarán casos de corrupción o de “aviadores” en los fideicomisos públicos. Han sido la mejor manera de administrar gasto e inversión pública, de identificar el destino y de probar sus buenos resultados. Si se manejan desde las secretarías, nadie sabrá el uso de los recursos, como ahora pretende la administración federal en contubernio con la fracción dominante de la Cámara de Diputados. Los fideicomisos públicos han contado eficazmente con créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, ante los cuales no puede haber desvío ni incumplimiento.

Se está dando un gran forcejeo entre partidos y con voces de afectados y de expertos. Los fideicomisos públicos federales no deben desaparecer ni se les debe despojar de sus patrimonios, que son intocables gracias a la seguridad de la legislación que rige a la banca fiduciaria y a la vigilancia institucional que los ha caracterizado. Estaremos presenciando otro grave atropello.