Como había prometido, el jueves 11 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó los nombres de quienes integrarán el Estado Mayor de la Guardia Nacional, así como también al general de brigada diplomado del Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio, quien será el comandante de esta fuerza de seguridad. Todos en activo.
Es larga la historia e imperó la voluntad del Presidente. Durante mucho tiempo, y más durante su campaña insistió en que las fuerzas militares que estaban haciendo operaciones de seguridad pública, en lucha en contra del crimen organizado, la delincuencia y más atentados al cuerpo nacional mexicano, deberían regresar a los cuarteles pues su tarea es otra y esta participación propiciaba –decía- abusos en contra de la población y en contra de sus derechos humanos.
Así lo dijo durante mucho tiempo. Como también que el Estado debería organizar sus fuerzas civiles para hacer esta tarea de seguridad pública. Si. Pero no.
Una vez que obtuvo el triunfo electoral, y ya frente a la magnitud de la violencia criminal en México, dio marcha atrás y decidió que los militares y marinos deberían estar al frente de la lucha de lo criminal al mismo tiempo que deberían estar atentos a la seguridad nacional.
Esto causó escozor en muchos por dos razones: la primera de ellas era que encontraban una contradicción grave entre lo dicho por el ya Presidente electo y sus dichos durante la campaña, lo que podría significar un engaño por razones electorales o por desconocimiento de la realidad.
La otra parte y quizá la más delicada y complicada de resolver era que legalizar la presencia militar en hechos de delincuencia pública significaba militarizar las fuerzas de seguridad. Y luego, cuando el ya Ejecutivo Nacional envió al Congreso la iniciativa para la creación de la Guardia Nacional, se daba por hecho que lo que el presidente quería era militarizar este cuerpo de servicio público civil.
Y comenzó el gran debate y el gran jaleo. No sólo dentro del Congreso como también organizaciones de la sociedad civil rechazan esta propuesta que –dicen- significa poner a los militares al frente de un asunto que es puramente civil; que lo militar significaría un riesgo para la democracia mexicana y que esto representaba una amenaza para el Estado mexicano.
El debate no sólo ocurrió en México. También organizaciones internacionales advertían al presidente López Obrador de los riesgos de militarizar las fuerzas de seguridad pública.
En el Congreso mexicano todo estaba listo para enfrentar a la mayoría legislativa del partido Morena, organización política de la que forma parte el Presidente. Y hubo entonces un intenso cabildeo de los representantes de este partido con la oposición representada en el Senado: se requería mayoría calificada para conseguir la aprobación de la Guardia Nacional, o sea que las dos terceras partes de los legisladores deberían decir sí, si no: no.
Al final la oposición (PRI, PAN, PRD y MC) consiguió dos triunfos: que la titularidad de la Guardia Civil recayera en lo civil –en este caso en la Secretaría de Seguridad Pública- y con un límite no mayor a cinco años, cuando los militares habrán de regresar a los cuarteles.
Así que con el voto de los 127 legisladores presentes, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que creo la Guardia Nacional como una corporación policíaca con carácter civil y establece un plazo de cinco años para el retiro paulatino del Ejército y la Marina a sus cuarteles.
Se da al presidente la posibilidad de emplear a las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado hasta 2023, pero bajo parámetros internacionales de respeto a los derechos humanos.
Pero también estaba ahí, en letra chiquita, que sería el presidente de México quien habría de decidir quién estaría a cargo del trabajo operativo de esta Guardia Nacional. Lo que significaba que ahí entraría su voluntad de que fueran militares los responsables operativos.
Previo al anuncio final, que sería el jueves 11 de abril, vino a México la alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU), Michelle Bachelet, ex presidenta de la República de Chile, para hablar con el presidente de México sobre el tema de la Guardia Nacional y el respeto a los derechos humanos: un tema que les preocupaba desde antes.
“La experiencia nos demuestra que no se puede lograr la seguridad sin un pleno respeto a los Derechos Humanos, y que no se puede disfrutar de estos derechos sin condiciones de seguridad, asimismo cuando no se respetan los Derechos Humanos en la lucha contra la delincuencia lo que se genera es un ciclo creciente de violencia” advirtió el 9 de abril la alta Comisionada de la ONU.
El presidente reiteró ahí que la Guardia Nacional no será utilizada en contra de la población “como hicieron los gobiernos civiles, como sucedió en 1968 contra estudiantes en Tlatelolco”. Y ambas partes firmaron un acuerdo de seguimiento de la ONU y de respeto a los Derechos Humanos.
Pronto comenzará a verse cómo operará la Guardia Nacional una vez que entre en funciones definitivas. Sus cabezas militares muestran cartas credenciales de excepción. El general Rodríguez Bucio viene precedido por un gran prestigio en su ámbito. Qué bueno. Ya están a la cabeza operativa bajo el mando de Alfonso Durazo Montaño, que tiene bajo su responsabilidad que:
Acabe ya el estado de violencia criminal en el país; que acabe ya el agravio de unos cuantos a otros mexicanos por la vía de las diversas expresiones del crimen y el delito; que acabe ya tanta muerte de gente; que termine ya la forma cómo se está armando desde Estados Unidos a los mexicanos, para la confrontación de unos con otros.
Y que existan garantías de que la presencia militar y de marina en todo esto signifique la paz social que tanto se está buscando, con respeto a los derechos humanos y a la dignidad del mexicano con la ley en la mano: si es así, estaremos profundamente agradecidos.
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