Parafraseando al corrido de Gabino Barrera: ‘La 4-T-Morena, no entiende razones andando en la borrachera del poder’. ‘Ni ve ni escucha’, a su manera.
Esto es así de forma cotidiana en el país en donde quienes no están de acuerdo con las políticas y acciones de gobierno, aun siendo de izquierda, se convierten automáticamente en ‘adversarios’, ‘enemigos del pueblo’, ‘conservadores’… ‘emisarios del pasado’, ‘neo-calderonistas’, ‘neoliberales’… así dicho desde esa cúpula de poder con mirada superaquilina.
Y no acepta observaciones que tienen que ver con la democracia en donde todos tienen voz y voto; en donde las mayorías ganan, pero las minorías existen, aunque esas minorías sean mayoría si vemos los resultados electorales de 2024 en donde votaron a favor del gobierno que hoy está en el poder poco más de treinta millones de ciudadanos en tanto que casi sesenta millones no lo hicieron. Pero sí, se aceptan las reglas de la democracia…
Aunque este mismo grupo en el poder esté decidido a demoler toda institución democrática y se construyan instituciones de gobierno para fortalecer al gobierno y mantenerse en el gobierno por tiempo indefinido. Son predecibles los resultados de la elección de consejeros al INE, por ejemplo.
Esa mala costumbre de rechazar la crítica, evitar la autocrítica y acusar al pasado remoto de lo malo ocurrido aquí en estos más de 7 años es un síntoma de debilidad de gobierno e institucional.
Y vale también para instancias internacionales que acusan deficiencias de gobierno en México, las que pueden ser corregidas porque, a pesar de los pesares, el mundo globalizado de hoy está comunicado y los detalles de la vida de cada país se conocen aquí mismo o fuera y por lo tanto se pueden ver con preocupación y proponer soluciones; no imponer soluciones.
Esto es: El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED-ONU) solicitó el 2 de abril de este año elevar la crisis de desaparecidos en México ante la Asamblea General de la ONU, señalando indicios de desapariciones forzadas sistemáticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El informe del CED destaca la existencia de más de 6,200 fosas clandestinas y un alto volumen de restos humanos sin identificar. Aunque no señaló una política federal directa de desapariciones, el Comité informó sobre la participación directa o tolerancia de funcionarios públicos en casos de desaparición, a menudo relacionados con el crimen organizado.
Ese mismo día la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores emitieron un documento en rechazo a tales aseveraciones. Con un lenguaje nada diplomático, calificó el informe de “tendencioso”, “parcial” y “sesgado”, “desactualizado”, argumentando que omite avances y reformas institucionales recientes, así como la distinción entre desaparición forzada (por agentes del Estado) y desaparición por particulares.
Para elevar una petición al pleno de la ONU es que el CED tiene información sólida y sustentada. No podría ser de otra manera dada la seriedad y rigor de una institución mundial que tiene como finalidad la de contribuir a la buena y sana convivencia dentro y entre las naciones del mundo.
Pero además, en México sabemos que existe un alto índice de desaparecidos en los años recientes. La misma presidencia de la República informó el 27 de marzo de 2026 que a la fecha hay un registro histórico de más de 132 mil personas desaparecidas.
Al mismo tiempo y para atenuar la dramática situación y para evitar daños electorales presentó una nueva metodología para agrupar los casos en tres bloques, basados en la calidad de la información disponible y el resultado de las búsquedas:
Casos donde falta información para la localización; casos donde se encontraron indicios de que la persona estuvo activa tras su desaparición y personas plenamente identificadas sin rastro de vida; casos confirmados de localización sin vida. Así, la cifra la reducen a 43 mil desaparecidos.
Naturalmente estas cifras y la metodología fueron replicadas y rechazadas por organismos vinculados con el tema dentro y fuera del país.
La presidente de México rechazó el informe del CED-ONU y de inmediato surgieron las voces de siempre reclamando, como siempre, a la ONU por este informe e, incluso en repudio a la posibilidad de recibir ayuda para encontrar a los desaparecidos en México.
Un caso extremadamente grotesco de esta reacción en contra del informe fue el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Resulta que la señora Rosario Piedra Ibarra olvida que su mamá, doña Rosario fue una de las primeras madres buscadoras de este país, que su hermano fue un desaparecido y que la CNDH debiera pugnar porque este flagelo termine ya con la intervención cierta y eficiente, definitiva y legal del gobierno mexicano en apoyo de las madres buscadoras…
Y así el coro político que repudió de forma indignada lo dicho por la ONU, más en tono de defensa de su trabajo actual y su futuro político, que en defensa de la Nación, del Estado y de los mexicanos. Para ellos existe el interés político, no la responsabilidad social.
Es propio de una Secretaría de Relaciones Exteriores actuar en tono diplomático y buscar el diálogo, el razonamiento y, si es necesario, dejarse ayudar por la ONU, que busca contribuir a la defensa de los derechos humanos en México con acciones reales y eficientes y sin daño a la soberanía, tan manoseada en México recientemente. Es propio de un Canciller actuar con diplomacia y no con descalificaciones anti diplomáticas.
El 6 de abril la ONU contestó a la presidente de México: “El desacuerdo es legítimo, la descalificación es cuestionable”.
La ONU no quiere intervenir. Quiere ayudar. Y el gobierno de México necesita ayuda para terminar con esta tragedia nacional. Contestar con diatribas sólo dibuja una realidad, la de un régimen intransigente, no apto para la democracia ni para la diplomacia ni para la justicia.
