El ladino del PUP

Bien dicen que el indígena letrado se torna en un severo explotador, en un ladino. Esta palabra se refiere a la persona que actúa con astucia y disimulo para conseguir lo que se propone atropellando a sus hermanos de raza. Esto es lo que hace el ladino Uriel Díaz Caballero, sempiterno dueño, digo presidente del Partido Unidad Popular. Doce años en el cargo y ha cesado a media docena de directivos que se han atrevido a pedir democratización de la dirigencia. 

Quién iba a decirlo, el primer partido indígena del país que logra su registro después de un largo litigio judicial, hoy está convertido en un negocio particular. En el olvido quedaron los anhelos de Heriberto Pazos y aquellas pléyades de indígenas que soñaron en un instrumento para reivindicar los derechos políticos de su estirpe. 

Tres persistentes directivos del PUP, encabezados por Santiago García Sandoval desconocido como secretario general, en conferencia de prensa insistieron ayer en la antidemocracia que priva en su partido a punto de perder el registro que consiguieron el 12 de noviembre de 2003

SIN FUTURO 

Ante los diferentes medios reiteraron el peligro de que su partido desaparezca por el autoritarismo y el cacicazgo de Uriel Diaz. No rinde cuentas del destino de las prerrogativas. Así como desconoció arbitrariamente al secretario general y al de organización, Santiago García Sandoval y Daniel Ávila, respectivamente, lo ha hecho con todos los directivos que se atreven a cuestionar su despotismo. 

En el 2014 echó del PUP a Rufino García Merino que entonces era dirigente del MULT. Aun con la representatividad de una organización tan combativa como esta no dudó en expulsarlo por atreverse a cuestionar su autoritarismo. Lo mismo hizo en el 2017 con Alejandro Escobar igual que con Catarino Silvestre, todos ellos reconocidos activistas del partido. No permite la mínima disidencia, dicen.

El PUP se significa por el ser el único partido “auténticamente indigenista” en todo el país. Lo lamentable es que su registro está sostenido con alfileres debido a la gran corrupción en que ha caído su dirigente Uriel Díaz Caballero presidente del comité directivo estatal desde hace doce años, sin rendir cuentas ni convocar a asambleas para discutir el destino del partido.  

El manejo patrimonialista del Partido Unidad Popular de parte de Uriel Díaz y un grupito de incondicionales como la tesorera Florinda Limeta Tiburcio, ha sumido a este partido en la debacle. El resultado tan pobre que obtuvo en las pasadas elecciones con apenas 42 mil votos contra los 93 mil que logró en sus mejores tiempos, lo tiene hoy al punto de perder su registro.  

Se está extinguiendo porque el resultado tan mínimo de sufragios el pasado 6 de junio, significa apenas el 2.6 por ciento de la votación total. No obtuvo siquiera el 3 por ciento de los sufragios sin embargo sigue conservando su registro como partido estatal gracias a la generosa legislación que hace una excepción con este partido, por ser indígena. Esto le permite mantener sus prerrogativas con solo 2.5 por ciento de la votación total en el estado.

De toda esta situación se ha beneficiado Uriel y se sigue sosteniendo como dirigente del único partido indígena del país, sin ser él mismo indígena. Esta situación preocupa al resto del comité directivo estatal que ha denunciado ante el Tribunal Estatal Electoral el cacicazgo que ejerce su presidente Uriel Díaz quien dispone a su libre albedrío, junto con la tesorera, los 250 mil pesos mensuales que recibe como prerrogativas dinero que, según dicen los quejosos, nadie sabe en que los gasta. El revanchismo contra los que critican los abusos de su dirigente se manifiesta hasta con la suspensión arbitraria del secretario de organización a quien le ha quitado sus dietas.

Los disidentes denuncian que la última asamblea estatal del PUP se realizó en junio del 2016 y desde entonces se niega a convocar a los militantes para elegir nuevos directivos. Piden que el Tribunal Electoral intervenga porque, afirman, está violando el derecho de asociación y afiliación política de los militantes del PUP que tienen derecho a ser votados a los cargos partidarios.

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