En los últimos años hemos visto la expansión en América Latina de gobiernos de izquierda de corte radical; a Cuba, Venezuela y Nicaragua, se suman México, Chile, Bolivia, Perú, Argentina. En este tipo de gobiernos encontramos, por un lado, los que respetan el marco legal y democrático; y por otro, los que se suman al autoritarismo, imponiendo su voluntad sobre la ley y la tentación dictatorial de perpetuarse en el poder utilizando cualquier medio.
El caso de Nicaragua resulta ilustrativo. Recientemente el presidente de ese país centroamericano Daniel Ortega, apresó a los líderes de la oposición y otros líderes críticos de su gobierno, como el caso del Obispo Rolando Álvarez, a quien todavía mantiene preso y a quienes les ha quitado la nacionalidad nicaragüense obligándolos a salir de su país.
En el caso de Perú, su presidente Pedro Castillo, quiso disolver el Congreso de ese país, para gobernar por decreto siguiendo el ejemplo de Venezuela. Afortunadamente para la vida democrática de ese país, sus instituciones y la sociedad civil lo impidieron.
En el caso de México resalta el ataque del actual presidente al Instituto Nacional Electoral (INE), órgano autónomo encargado de realizar las elecciones en México. Es importante reconocer que el actual INE sí requiere reformas para fortalecerlo, pero no para desmantelarlo o para destruir el andamiaje democrático que ha costado décadas construir en México.
En días pasados, el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, admitió el primer amparo en contra de la Ley General de Comunicación Social (LGCS), parte del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral. Finalmente, el Senado aprobó este miércoles el llamado “Plan B” de la reforma electoral del presidente, que modifica varias leyes secundarias que promueven una reducción en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), aunque rechazaron la cláusula de “vida eterna” para los partidos. Por lo anterior, los únicos que pueden frenar la aplicación de estas reformas son la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo al INE, las implicaciones de las reformas a las leyes secundarias en materia electoral que iniciaron su trámite legislativo el 6 de diciembre de 2022 y que la opinión pública ha conocido como “plan B” de la reforma electoral son:
Eliminación de Juntas Distritales y afectación a las Juntas Locales; afectación a la estructura central del INE; afectación de los derechos laborales de personal que llegó a su cargo por concurso público; la reforma impacta fuertemente las finanzas del INE, pues propone liquidar a miles de personas quienes, por concepto de compensación por término de la relación laboral, tienen derecho legal a recibir 3 meses de su remuneración y adicionalmente 20 días por cada año de servicio.
Afectación a la integración de mesas directivas de casilla (MDC); afectación a los procesos democráticos internos de los partidos; complicación del trabajo de las y los ciudadanos funcionarios de casilla; se compromete la certeza sobre quiénes serán los representantes de partidos en la jornada electoral.
Se comprometen los cómputos de las elecciones sin el personal calificado en tiempos más reducidos; interferencia del gobierno en la conformación del listado nominal y
pérdida de certeza de la identidad del votante desde el exterior; obstaculizar el uso tecnológico para eficientar los procesos electorales; afectaciones al modelo de fiscalización electoral; vulneración de datos de particulares protegidos por los secretos bancario, fiduciario y fiscal; retroceso en la progresividad de derechos políticos; violación al derecho de consulta previa e informada para las comunidades indígenas; reducir el concepto de propaganda gubernamental; permitir la injerencia de servidores públicos en las campañas.
El día de hoy, a convocatoria de más de 117 organizaciones de la sociedad civil entre ellas Poder Ciudadano y Frente Cívico Nacional, en más de 100 ciudades y en más de 5 países, se realizarán concentraciones masivas en defensa de nuestra democracia. En la Ciudad de Oaxaca, la cita es a las 11;00 horas en el Parque El Llano frente al Teatro Juárez. Así como hace treinta años la ciudadanía logró contar con un órgano autónomo y ciudadano, hoy se requiere de la participación ciudadana para defender este derecho logrado, de lo contrario el día de mañana estaremos lamentando lo que no supimos defender hoy.
