En tiempos de desconfianza hacia las instituciones, la propuesta de elegir jueces por voto popular ha ganado terreno en algunos sectores. A primera vista, parece una idea seductora: si el pueblo elige a los legisladores y al presidente, ¿por qué no también a los jueces? ¿No sería una forma de democratizar la justicia y hacerla más cercana a la sociedad?
Sin embargo, ese planteamiento esconde una serie de riesgos que debilitan —y no fortalecen— al Poder Judicial. Porque el principio básico para que la justicia funcione, es su independencia. Y someter a los jueces al juego electoral pone en jaque precisamente esa autonomía que deben tener frente a las mayorías políticas y sociales.
Elegir jueces en urnas los convierte, en actores políticos. Los obliga a hacer campaña, a conseguir financiamiento, a posicionarse ideológicamente y a agradar al electorado, como lo estamos viendo. ¿Qué lugar queda entonces para el derecho, para el análisis técnico, para el compromiso con la Constitución cuando lo que está en juego es la popularidad del candidato?
La justicia no puede regirse por criterios de popularidad. Su deber es, muchas veces, ir contra la corriente: proteger derechos, garantizar el debido proceso, fallar contra el poder cuando corresponde. En ese contexto, los jueces que deben rendir cuentas al electorado pueden verse tentados a actuar buscando aprobación social y no justicia. Se abre así la puerta a un populismo judicial, donde el fallo que “gusta” vale más que el fallo que respeta la ley. Esto lejos de fortalecer, debilita el imperio de la ley, ya que prevalece una discrecionalidad sobre el apego objetivo en la aplicación de la ley.
En Estados Unidos, donde varios estados eligen jueces por voto, han documentado casos preocupantes: candidatos judiciales financiados por grupos de interés, sentencias más duras cerca de elecciones para mostrar “mano firme”, y una creciente politización de los tribunales. Lejos de acercar la justicia a la gente, este modelo ha demostrado fomentar el espectáculo, la demagogia y la presión externa sobre el criterio jurídico.
La ciudadanía, por desinformación, no siempre cuenta con los elementos necesarios para evaluar la idoneidad de un juez. ¿Cuántos votantes conocen los antecedentes, la formación o la experiencia jurídica de quienes se postulan? En ese vacío, se cuelan slogans vacíos, campañas simplistas y, lo más grave, candidatos sin preparación pero con buena imagen pública. O peor aún, abre la puerta a delincuentes para apropiarse de estos espacios. Actualmente vemos además de oficialistas, a personas impresentables que el mismo Senado está buscando cancelar sus candidaturas.
¿Significa esto que el sistema actual es ideal? Por supuesto que no. Muchos países tienen mecanismos de designación judicial que también están viciados por el poder político, las negociaciones partidarias o la falta de transparencia. Pero la solución no puede ser pasar de un sistema opaco a uno puramente electoral, como si elegir a jueces fuera lo mismo que elegir a un presidente o a un diputado.
Lo que se necesita es una reforma integral que garantice transparencia, mérito, control y participación ciudadana, sí, pero con criterios técnicos y con resguardo de la independencia judicial. Comités especializados, audiencias públicas, evaluación periódica de desempeño y mecanismos de remoción claros son herramientas más eficaces que una boleta en una urna.
Convertir la elección de jueces en un acto electoral puede sonar democrático, pero es una trampa. La verdadera democracia no consiste solo en votar, sino en construir instituciones fuertes, independientes y con límites al poder. Una justicia presionada por el electorado no es más libre ni más justa: es más vulnerable y más volátil.
El 1 de junio marca un antes, con un incipiente Poder Judicial con cierta lejanía de la política; a un después, con un nuevo Poder Judicial totalmente sumiso al Ejecutivo. Contrario a lo que el INE muestra en sus spots de promoción del voto, el nuevo Poder Judicial deja indefensos a los ciudadanos frente al poder.
En una sociedad democrática, los jueces no deben representar a nadie más que a la ley. No están para agradar, sino para hacer valer los derechos, aun cuando eso implique decisiones impopulares. Si reducimos la justicia a un concurso de simpatía, perdemos su esencia: el equilibrio frente al poder y la garantía de nuestros derechos.
@aguilargvictorm
