El negocio de los polleros o traficantes de personas es un secreto a voces que se mantiene en las diversas comunidades indígenas de Oaxaca.
En las regiones expulsoras de migrantes esta actividad muestra ya un gran arraigo que se pierde en las décadas previas, pero por temor o simplemente porque así eran los tratos, los familiares de quienes se van en busca del llamado sueño americano no denuncian estas viejas prácticas.
En los municipios del valle de Tlacolula y Miahuatlán, los polleros llegaban por temporadas para ofrecer empleos en los Estados Unidos, para un viaje que garantizaban su pase hasta la Unión Americana llegaba a costar de 30 hasta 50 mil pesos.
Cuando ocurría alguna tragedia, los mismos polleros que operan con enormes redes de traficantes de personas se encargaban de intimidar a familiares de los accidentados o fallecidos para que nadie hiciera ruido en la zona pues “esos eran los riesgos”, el retorno o la muerte, pero el dinero ya estaba entregado; en el mejor de los casos, se pagaba por adelantado la mitad del monto pactado y la otra mitad se finiquitaba una vez que los migrantes llegaban al destino prometido al otro lado de la frontera.
Así lograron pasar miles de paisanos oaxaqueños y quienes ahora son el motor de la economía en sus comunidades con la inagotable savia de recursos que envía a sus familiares y que son empleados para alimentación y mejoramiento de sus viviendas. Gobiernos van y vienen e incluso, ni las becas o apoyos de la Cuarta Transformación han detenido este fenómeno migratorio.
Si bien a los polleros se les tiene cierto respeto en los pueblos, entre estas redes de traficantes han surgido conflictos por las enormes ganancias que les deja el cruce ilegal de migrantes, según la Secretaría de Gobernación (Según), ahora llegan a cobrar hasta 4 mil 900 dólares por el traslado de una persona a la Unión Americana.
Recordemos que de forma reciente uno de los casos que generó gran indignación entre la sociedad oaxaqueña fue el asesinato de tres jóvenes: Herminio, Isauro y Abimael en Phoenix, Arizona, quienes al parecer les quitaron la vida por la lucha interna que mantienen los traficantes.
Los jóvenes eran originarios de Santo Domingo Tepuxtepec, Mixe, de donde también eran originarios los supuestos polleros que los asesinaron, según las investigaciones de las autoridades, todo habría derivado porque los jóvenes prefirieron cruzar con el grupo contrario de los polleros afamados del pueblo.
Una vez cometido el crimen, las autoridades de Estados Unidos detuvieron a uno de los involucrados y otro logró refugiarse en la Sierra Mixe, sin embargo, fue detenido recientemente en San Pedro Quiatoni; está en las manos de las autoridades de procuración de justicia castigar a uno de estos traficantes puesto que ya no respetan la vida de las y los migrantes.
La tragedia ocurrida en San Antonio, Texas, donde 51 migrantes murieron en la caja de un tráiler, es otro de los hechos que conmueve a la sociedad, pero mientras en México no se ofrezcan oportunidades, mientras la pobreza se continúe alimentando con programas que fracasan cada sexenio, el sueño americano siempre estará latente en las comunidades indígenas donde siguen acechando los coyotes.
Tribunales electorales locales: juicios o llamados a misa
Otro de los propósitos del Gobierno de la Cuarta Transformación es desaparecer o renovar los órganos y tribunales electorales locales, argumentan que desde hace rato dejaron de ser operantes en las entidades federativas.
Si bien cada año los estados gastan millones de pesos para mantener a las y los consejeros electorales, los funcionarios poco hacen por solucionar conflictos que estallan, derivado de los procesos electorales en los municipios.
A nivel nacional las y los representantes de la 4T consideraron que a los ciudadanos les cuesta miles de millones mantener estos órganos como el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), conocidos también como Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
A la par de estos Organismos existen las Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral (INE), que prácticamente realizan la misma labor que los OPLES: organizar las elecciones y pueden ser sustituidos, en caso de que se apruebe la Reforma Electoral que propone el Presidente de la República.
Otros de los órganos que no pasaría nada si se extingue es el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), que debería llevar a juicio a quienes violentan las leyes electorales, pero en los últimos años sus juicios solo han sido catalogados como llamados a misa.
Nadie hace caso a las resoluciones que emite este órgano jurisdiccional y un ejemplo claro es la reciente resolución en contra del presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Inocente Castellanos, la cual se notificó al Congreso del Estado para iniciar un proceso de revocación de mandato.
A nadie espantó esta resolución, muchos menos a Chente Castellanos que busca negociar con los diputados y diputadas del PRI para que el juicio no pase de una amonestación, como ocurre frecuentemente en los grupos políticos de Oaxaca.
