¿Qué ocurre con los fideicomisos públicos?

Un fideicomiso es un contrato en el que una persona física o moral denominada fideicomitente, transmite determinados bienes o derechos al fiduciario, quien estará encargado de la realización de fines determinados y lícitos en beneficio de una tercera persona o en el suyo propio.

En el caso del fideicomiso público, Acosta Romero lo define como “un contrato por medio del cual, el gobierno federal, los gobiernos de los estados o los ayuntamientos, con el carácter de fideicomitente a través de sus dependencias centrales o paraestatales, transmite la titularidad de bienes de dominio público, del dominio privado de la federación, entidad federativa o municipal, o afecta fondos públicos en una institución fiduciaria para realizar un fin lícito determinado, de interés público”.

En pocas palabras, los fideicomisos públicos son herramientas financieras que el Estado establece para alcanzar determinados fines de interés público. De acuerdo Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Estado Mexicano comenzó a utilizar los fideicomisos públicos para responder a necesidades y demandas sociales, así como impulsar el desarrollo económico del país.

En los últimos días, el tema de los fideicomisos públicos ha acaparado la atención de diferentes sectores de la población, pues el presidente y los diputados de Morena buscan desaparecerlos. El pasado 29 de septiembre, la Comisión de Presupuesto  y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó eliminar 109 fideicomisos. Entre los fideicomisos que se considera eliminar, se encuentran 65 fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 16 fondos de Centros de Investigación y 18 más, entre los que destacan el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el Fondo para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), el Fondo de Apoyo Social para Ex Braceros y el Fondo de Financiera Rural. Los 109 fideicomisos suman una cantidad de 68 mil millones de pesos.

Los principales argumentos para eliminar los fideicomisos públicos son: en primer lugar, eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos; y, en segundo lugar, disponer de recursos para la atención de los efectos sanitarios y económicos de la pandemia del COVID-19, así como garantizar la continuidad de los programas sociales de bienestar.

Hay evidencia de la falta de transparencia y mínima rendición de cuentas en los fideicomisos públicos, y que en parte se explica por el marco legal limitado. En 2018, Fundar redactó el documento Fideicomisos en México: el arte de desaparecer dinero público, el cual advertía, entre otras cosas, que: 93% de los recursos disponibles en fideicomisos no contaban con controles de vigilancia; además, 60% de las solicitudes de información sobre el uso de recursos en fideicomisos no fueron respondidas o la información fue declarada como reservada, mientras que el resto fueron respondidas de forma parcial.

La investigación señala que la información pública de fideicomisos sólo son montos generales de sus ingresos y egresos; no se publica información desagregada sobre los pagos que realizan, los estados de cuenta, las contrataciones que hacen ni los objetivos el cumplimiento de sus objetivos; y, la información sobre la toma de decisiones y el ejercicio de estos recursos es accesible únicamente para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Conforme a las auditorías practicadas, la ASF refiere que los fideicomisos pueden representar riesgos para la rendición de cuentas debido a las prácticas que existen en los distintos marcos normativos; el desconocimiento del impacto financiero de los fideicomisos de lugar a la opacidad; muchos fideicomisos toman decisiones a través de miembros que no siempre son funcionarios públicos, lo que posibilita la discrecionalidad; los datos relacionados con las operaciones de fideicomisos son insuficientes para una efectiva fiscalización; no se reportan evidencias de que los fideicomisos cumplen con sus fines; y, se detectan irregularidades en los procesos de contratación en los fideicomisos.

Hasta aquí, podemos decir que es cierto que los fideicomisos operan de forma poco clara, sin embargo, ¿la eliminación garantiza alcanzar los fines por los que se crearon? No necesariamente.  Al llevar a cabo ejercicios de Gobierno Abierto, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública escucharon a funcionarios públicos, especialistas, académicos y beneficiarios directos de los fideicomisos. En varios casos, los participantes concluían que los recursos eran indispensables y que se debía fortalecer la transparencia y rendición de cuentas.

En el ejercicio de Gobierno Abierto sobre el Fondo para la Protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se constató que el número de beneficiarios ha aumentado, al pasar de 48 beneficiarios en 2012 a 1,206 en mayo de 2020; además, los participantes coincidieron en que es necesario fortalecer los recursos humanos y materiales del mecanismo , para que este cumpla su objetivo, al mismo tiempo que se deben reforzar sus capacidades de operación, para aumentar su transparencia y eficacia.

Se entiende que ante la crisis sanitaria y económica por el COVID-19, el gobierno requiera disponer de más recursos. No obstante, la eliminación de fideicomisos no implica que desaparezca la opacidad, tampoco que mejore la rendición de cuentas, mucho menos que haya desarrollo económico y social. En cambio, el gobierno podría adoptar las recomendaciones emitidas en el documento de Fundar, las cuales van en dos sentidos.

• Sobre transparencia y acceso a la información: cumplimiento de obligaciones de transparencia, mejorar las prácticas de acceso a la información, mayor desagregación de la información, informes de cumplimiento de objetivos y calidad de la información.
• Sobre rendición de cuentas y operatividad: registro de fideicomisos, justificación para constituir un fideicomiso, justificación del ejercicio de los recursos del presupuesto destinado en fideicomisos, Comités Técnicos en fideicomisos, comprobación del gasto y mayor nivel de auditorías.

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