Nos faltan 43

Este 26 y 27 de septiembre se cumplieron 6 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural “Raúl Isidros Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero. Ni el tiempo, ni la inoperancia de las autoridades, menos la crisis sanitaria y económica por COVID-19, han calmado los reclamos de los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes han hecho hasta lo imposible para que los hechos se esclarezcan, conocer dónde se encuentran los jóvenes y que se haga justicia.

En estos 6 años, lejos de que hubiera un avance lineal en las investigaciones, hasta apenas las autoridades hacen lo que les corresponde. Cabe recordar que el pasado 30 de junio, el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, después de obtener 46 nuevas órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa, declaró que “se acabó la verdad histórica”, la versión oficial que establecía que un grupo de sicarios confundió a los jóvenes con sicarios de otro grupo rival y que, por ello, habían sido privados de su libertad, privados de la vida e incinerados en el basurero municipal de Cocula.

Desatendiendo la responsabilidad de obtener la verdad, la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam, fabricó una historia a partir de declaraciones obtenidas mediante tortura y la manipulación de los hechos. La llamada verdad histórica quería cerrar con el caso y apagar la presión social. Ni los padres de familia, ni defensores de derechos humanos, tampoco organismos internacionales, estuvieron de acuerdo con esta versión. Era evidente la falta de verdad en los resultados de la PGR.

Según las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interaméricana de Derechos Humanos (CIDH), no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis que los 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula. De acuerdo con un peritaje solicitado por el grupo, para incinerar 43 cuerpos se hubiera requerido 30 toneladas de madera y un fuego que hubiera ardido por 60 horas, lo que contrasta con la versión histórica, en la cual se dijo que la hoguera había sido alimentada con llantas, madera, basura, diésel y otros combustibles durante al menos 12 horas.

Ante el compromiso de conocer la verdad sobre los 43 normalistas, el presidente López Obrador ha llevado una serie de gestiones encaminadas a ese fin. Creó por decreto la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), la cual tiene como propósito asistir a los familiares de las victimas en todo lo que se requiera a fin que se puedan hacer valer con efectividad sus derechos humanos, entre ellos el acceso a la justicia y el conocimiento de la verdad.

A petición de los padres de familia, se suscribieron convenios con la CIDH y con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México para la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI). El grupo ha reconocido que las condiciones actuales son distintas a las del pasado.

Durante su intervención en el informe a seis años de la desaparición de los estudiantes normalistas, Francisco Cox Vial, integrante del GIEI, dijo que “a partir de la llegada de las nuevas autoridades ha existido un cambio sustancial en la forma en cómo se trabaja en el caso Ayotzinapa”.

Aunque no se ha logrado localizar a los normalistas, hoy en día tenemos la certeza de que las autoridades anteriores nunca estuvieron comprometidas en conseguirlo, al contrario, obstaculizaron su búsqueda. Como se hizo de manifiesto en el informe del pasado sábado, esta vez las investigaciones van en el sentido correcto. Esto no significa que vaya haber resultados en lo inmediato, tal vez van a pasar varios años, pero será la verdad.

México sigue consternado por lo ocurrido en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre. Pedimos que esta vez no haya impunidad y que se encuentre a los jóvenes. Las desapariciones forzadas no son hechos aislados, sino que tienen un carácter sistemático y estructural. Ojalá que esto lo reconozca el gobierno y lo atienda, a fin de que nunca más vuelvan a ocurrir acontecimientos tan dolorosos.

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