Temprano, el lunes 11 de mayo, se supo: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó a publicar en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se ordena a las Fuerzas Armadas del país hacer tareas de apoyo a la Guardia Nacional en materia de seguridad pública.
Horas más tarde, el mismo día, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría, declaró inconstitucional la famosa Ley Bonilla, por la que el Congreso de Baja California, en su legislatura anterior, modificó la Constitución para ampliar de 2 a cinco años el mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Nada es casual en política, se dice. Y daría la impresión de que para disimular el impacto público y político de la decisión presidencial de volcar de nueva cuenta a las Fuerzas Armadas en la lucha anticrimen, se hizo el mismo día en que habría de resolverse el tema Baja California, cuyo resultado atrajo la atención mayoritaria del país.
Así, el decreto presidencial:
“Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”, dice el acuerdo.
Así, a las Fuerzas Armadas se les dan atribuciones para vigilar y detener personas, operativos a nivel municipal y detener migrantes, durante cinco años, tal como se planteó desde marzo del año pasado, cuando reformó la Constitución de México en materia de Guardia Nacional.
En esto se perciben diversos elementos políticos y mensajes a futuro:
Primero: la Guardia Nacional, tal y como se había prometido desde que fue creada según publicó el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, ha sido insuficiente para enfrentar el crimen organizado y otros fenómenos de tipo criminal, los que cada día van en aumento y que hacen que este año 2020, a la fecha, sea uno de los más violentos en la historia de México.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en marzo se registraron 3,000 homicidios dolosos y 78 feminicidios; es decir, 3,078 mexicanos perdieron la vida, en promedio 99 cada día. Tan sólo el lunes 20 de abril hubo 114 homicidios dolosos, lo que lo hace uno de los más violentos desde diciembre de 2018.
Segundo: con esto se repite la historia del período Calderón, cuando el 11 de diciembre de 2006, por su propia cuenta, hizo que 6,500 elementos del Ejército mexicano iniciarán “la guerra” al crimen organizado. Esto es, de otro modo, lo mismo.
Desde entonces y durante su campaña para la Presidencia, López Obrador exigió que las Fuerzas Armadas “deben regresar a los cuarteles” y que la lucha anticrimen le corresponde al gobierno civil…
Lo dijo y lo reiteró, aunque luego, frente a la realidad, ya como Presidente, hizo lo contrario y estructuró a la Guardia Nacional, a la que ahora se suman de forma y fondo, las Fuerzas Armadas.
Tercero: Frente a ese espectro creciente de crimen, violencia e impunidad, se presagian tiempos difíciles luego de la pandemia de Covid 19; la crisis económica que ya está encima traerá como consecuencia un aberrante crecimiento de la delincuencia y el crimen…
También la posibilidad de inconformidad social por razones de salud, desempleo, falta de recursos y desabasto alimentario. Podría ocurrir un repunte aún más peligroso del crimen, que nadie quiere, por supuesto.
Todo esto debe ser controlado y la Guardia Nacional, ha sido insuficiente y lo sería aún más en momentos extremadamente críticos. Las Fuerzas Armadas de México, sí respetadas y muchas queridas, serán las que estén en las calles, como no quería AMLO y como no querían muchos de su equipo que hicieron campaña pública para que el Ejército regresara a los cuarteles, como se decía. Hoy aplauden la decisión en contra.
En tanto la famosa Ley Bonilla en Baja California se viene abajo porque era una Ley arbitraria, inconstitucional y abusiva, porque atentaba contra las reglas de la democracia y la Constitución.
Sólo en la cabeza de Jaime Bonilla pudo caber esta ambición desmedida de poder y control de instituciones; sólo en la cabeza obsecuente de los legisladores locales que en octubre de 2019 votaron para reformar la Constitución y ampliar de 2 a cinco años el mandato del gobernador proveniente de Morena “Juntos haremos historia”.
Bonilla se sentía protegido por el Presidente. Todavía el 24 de julio de 2019 el mandatario declaró: “El reclamo del PAN en Baja California contra la reforma que extiende el mandato del morenista Jaime Bonilla es una hipocresía, dado que los opositores fueron quienes la aprobaron.” Y precisó que la bancada del PAN avaló la reforma y ahora están en contra.
… El mismo Presidente que lo defendió de las críticas locales para hacerlo candidato y que prácticamente lo impuso. El 18 de abril pasado Jaime Bonilla criticó severamente la estrategia de salud del gobierno Federal. Hoy la resolución de la Corte está tomada y sabemos que sí, que Bonilla hizo historia: esta historia.
