Adultos mayores

Hacer vigentes los derechos que se contemplan para los adultos mayores, entre ellos, la integridad, dignidad y preferencia para que vivan una vida libre de violencia, sin discriminación, con pleno respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual, siguen siendo retos que urge atender. A pesar de que se buscan generar políticas públicas para proteger a las personas de la tercera edad, la situación de pobreza y maltrato las agobian, pues lamentablemente la falta de atención empieza desde la casa y en la familia.

Siete de cada 10 adultos mayores en nuestro estado padecen vulnerabilidad social, y sufren por lo menos alguna carencia como rezago educativo, muchos de ellos no tienen acceso a los servicios de salud o a la seguridad social. Además, necesitan protección contra toda forma de explotación y a vivir en entornos seguros dignos y decorosos; el derecho a la salud, alimentación, trabajo, asistencia social.

Es urgente y necesario implementar políticas públicas efectivas y eficientes bajo un enfoque de derechos humanos que permitan a México afrontar la discriminación por envejecimiento. Sin embargo, esto sólo se logrará estudiando, analizando y caracterizando al sector poblacional de las personas mayores y su evolución en el transcurso del tiempo, así como los mecanismos por los que se modifica su dimensión, estructura y distribución geográfica en las distintas partes de nuestro país.

Esta marginación es una realidad en la mayor parte de las sociedades, de una forma u otra, y se materializa en las actitudes de los individuos, las prácticas institucionales y normativas, y la representación mediática. Todas ellas devalúan y excluyen a las personas mayores. Sobre todo, en momentos en que la baja fecundidad y las ganancias en la esperanza de vida han ocasionado que la población comience a envejecer y, en menos de 50 años, se convierta en un país con una importante proporción de adultos mayores.

Trata de personas

Considerado uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo, la trata de personas configura una de las más graves violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales, y es a su vez producto de una privación principalmente de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas.

La trata de personas constituye una de las formas más extremas de la violencia contra las mujeres, ya que la situación de vulnerabilidad en que viven muchas personas las convierte en blancos fáciles para los grupos criminales y lucran a partir de sus necesidades más básicas que se encuentran insatisfechas.

Si bien existen avances jurídicos en contra de este delito como la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y en diversos códigos penales y leyes especiales estatales, es una tarea que debe ser constante y permanente.

Siendo México un país de origen, tránsito y destino de víctimas de seres humanos con fines de explotación, existe un marco normativo nacional e internacional que obliga al Estado mexicano a prevenir, perseguir y sancionar los delitos en esta materia. Sin embargo, de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos años las cifras de víctimas a nivel nacional, continúan en aumento.

La situación de vulnerabilidad de ciertos grupos de la sociedad el factor que favorece y facilita que se cometan estos delitos y violaciones a derechos humanos.

En México, a la trata de personas se le sigue viendo exclusivamente desde la perspectiva criminal, es decir, como un delito, que en la mayor cantidad de las veces pareciera aislado; se encuentra asentada en profundas raíces sociales, económicas y culturales, que requieren ser visibilizadas para comprenderlas y, en consecuencia, formular estrategias no reactivas sino planificadas para su atención.