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Opinión

Editorial

Grandes retos

 


Los resultados de la prueba PISA indican que el nivel de comprensión de los estudiantes de 15 años se asemeja al de un estudiante de sexto de primaria, y México se encuentra en desventaja frente a países líderes como Singapur por 10 ciclos escolares. De ahí que la preocupación central es que México fue el país de la OCDE con mayor tiempo de cierre de escuelas, generando una pérdida significativa de aprendizaje.

Tras conocerse la evaluación se han encendido las alarmas en México, evidenciando puntajes bajos en lectura, matemáticas y ciencias, pues además de los estragos causados por la pandemia de Covid-19, las desigualdades económicas y la indiferencia de las autoridades son factores fundamentales en la crisis educativa que afecta al nivel básico.

Las cifras son reveladoras, pues tras la reapertura de escuelas postpandemia, solo el 32% de los estudiantes de secundaria asistieron de forma presencial, y el 50% lo hizo de 5 a 10 días al mes y en cuanto a la modalidad de aprendizaje a distancia, 228 mil 852 escuelas estuvieron cerradas por más de 250 días, y el programa “Aprende en Casa” contó con intérpretes de Lenguas de Señas Mexicanas en solo 775 programas.

Actualmente se advierte sobre las consecuencias devastadoras que la pandemia y el cierre prolongado de escuelas han tenido en las trayectorias de aprendizaje de 15 generaciones de estudiantes. Advierten que si no se implementan políticas educativas efectivas, los resultados de las próximas ediciones de PISA en los años 2025 y 2028 mostrarán un panorama aún más desalentador en competencias de matemáticas, lectura y ciencias.

Los resultados no solo miden conocimientos teóricos, sino la capacidad de los estudiantes para aplicar sus aprendizajes en situaciones cotidianas. Sin embargo, los resultados de la edición 2022 revelaron que 2 de cada 3 estudiantes no pudieron responder correctamente preguntas de matemáticas, y 1 de cada 2 no lo hizo en español y ciencias.

 

Desigualdades

 

La posibilidad de reducir la desigualdad no se encuentra en hacer que todos los mexicanos ganen lo mismo, sino en impedir que la brecha económica entre el más pobre y el más rico se haga más profunda. Hoy el 10 por ciento más rico de la población gana 23 veces más, que el 10 por ciento más pobre. Lo anterior, aunque represente una mejora, aún refleja un nivel inaceptable de desigualdad.

El Estado, en su obligación, facultades y recursos para mejorar las condiciones de bienestar de la población en pobreza a fin de mitigar la desigualdad, debe redoblar sus acciones, pues a pesar de los cuantiosos recursos públicos invertidos durante décadas, persiste el gran desafío nacional de consolidar sistemas públicos de seguridad social, salud y educación con cobertura universal y de calidad.

México necesita un Estado que trabaje para los muchos y no para los pocos, en donde se gaste con sentido en educación, salud y servicios básicos y que impulse políticas para que las personas no trabajen para seguir siendo pobres. En las últimas dos décadas, los ingresos del país han aumentado mientras las tasas de pobreza continúan estancadas y los millonarios se han hecho con fortunas más generosas.

La desigualdad en México es un fenómeno complejo y multifuncional, que se relaciona y se retroalimenta con la discriminación ética, de género y de lugar de residencia. Hoy se habla sobre cuatro problemas básicos que impiden que este sector de la población adquiera más beneficios de sus ingresos: la precariedad del salario mínimo, la marginación a la población indígena, la brecha entre la educación pública y privada y el incremento de la violencia.

La educación pública se imparte en escuelas que no cuentan con los servicios básicos de agua y electricidad, y donde el 80 por ciento de los estudiantes no tiene acceso a Internet. Por ello se ha recomendado al Gobierno recuperar políticas públicas para atender las necesidades básicas de la población, así como una política fiscal más agresiva con los sectores más ricos.