Tala ilegal

El combate a la tala clandestina en Oaxaca es muy complicado debido a la falta de recursos económicos y humanos, que ha obligado a plantear alternativas sectorizadas y regionales para detener este ilícito. Es un problema muy severo que se debe detener de raíz y no apostar únicamente a la persecución y detención de las personas involucradas.

Se han identificado zonas críticas como lo es parte de los Chimalapas, Tlaxiaco, en la región de la Mixteca, y una parte de la Sierra Sur, donde hay comunidades que no tienen problemas de manejo pero enfrentan y tienen conflictos agrarios o de posesión de predios. La tala ilegal de madera tiene varias vertientes, entre ellas, la dificultad que enfrentan las comunidades para poder tener permisos de aprovechamiento forestal sustentable.

De acuerdo con las cifras oficiales, por tala ilegal se pierden dos mil metros cúbicos de madera por año, sin tomar en cuenta que hay una cifra negra que estima una pérdida adicional superior a los cuatro mil metros cúbicos que se sustraen de manera indebida y que no se llegan a denunciar o reportarse. El artículo 419 del Código Penal Federal en el capítulo segundo sobre la biodiversidad, establece que a quien ilícitamente transporte, comercialice, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión.

La pérdida de bosques también se agudiza debido a la tala ilegal que va en ascenso a consecuencia de los retrasos con los que las dependencias expiden los reembarques forestales y la reglamentación tan laxa con la que se permite a las empresas transportar madera solo con facturas fiscales, pero sin documentación ambiental que acredite la legal procedencia. Además, aceleran la degradación de los bosques en el país, pues cada año se pierden entre 500 mil hectáreas que lo ubican en el quinto lugar de deforestación a nivel mundial.

Estado de derecho

Ante los sucesos protagonizados por líderes de organizaciones sociales, debe quedar muy claro que nadie puede estar al margen de la ley ni tampoco vulnerar el derecho de terceros, anteponiendo sus intereses personales o de grupo. Si deseamos fortalecer un régimen de libertades, se debe respetar el derecho de la ciudadanía a vivir en un ambiente de seguridad y de libre tránsito.

Una vez más se ha llamado al orden a quienes manejan organizaciones sociales que han abusado de la libertad de expresión y manifestación, que en sus afanes han quebrantado la paz social y la dinámica económica del estado. Si la convocatoria es para ceñirnos a las leyes, reglamentos y cauces institucionales que regulan la convivencia armónica de todas las expresiones de nuestro tejido social, urge que maestros, normalistas, sindicatos y estas agrupaciones asuman el papel que les corresponde.

Un Estado de derecho no se da por generación espontánea ni depende sólo de la voluntad o decisión de algún actor político en particular. Su construcción es un proceso que involucra a todos los actores políticos relevantes y a la ciudadanía, y no se agota en la edificación de un sistema jurídico o constitucional. El Estado de derecho se expresa y realiza en la norma legal, pero también en la definición y el funcionamiento efectivo de las instituciones, así como en la cultura y las prácticas políticas de los actores.

De lo contrario, la aplicación puntual de la ley debe garantizar orden y paz ya que en el Estado de derecho prevalece el gobierno de las leyes sobre el arbitrio de los hombres, al tiempo que se reconocen y garantizan las libertades de los ciudadanos. Por ello, es un patrimonio común que debe ser creado, protegido y consolidado responsablemente por todos los actores políticos. Es una plataforma compartida que previene y, en su caso, castiga las arbitrariedades de la acción política, a la vez que ofrece certidumbre y orden políticos.