Rendir cuentas

Todos los organismos e instituciones que reciben fondos públicos o que realizan algún acto de autoridad son sujetos obligados a transparentar el ejercicio de esos recursos. Y si presumimos que una sociedad bien informada será siempre más participativa, y estará en mejores condiciones para contribuir al logro de las grandes metas nacionales, garantizar esta premisa es fundamental para empezar a que sea práctica cotidiana.

La corrupción es un mal que atenta contra los oaxaqueños y daña la legitimidad del Estado y del Gobierno, por lo que el propósito debe ser implementar una estrategia que permita recuperar la confianza ciudadana a partir de transparentar la acción pública.

La transparencia es un indicador de avance democrático y se expresa en la capacidad de los gobiernos de informar honesta y claramente a la ciudadanía sobre su quehacer, la forma en la que gastan los recursos públicos y los resultados que obtienen. Pero también se refleja en el compromiso por encontrar fórmulas que armonicen, en beneficio del interés público, el derecho de acceso a la información y las posibles causas de reserva.

Uno de los agravios más fuertes es precisamente la ausencia de información y cuentas claras como algo esencial para que la ciudadanía pueda evaluar de mejor forma a sus gobernantes y representantes. Es a no dudar, la mejor garantía para que los gobiernos den resultados es actuar bajo la observancia de la ciudadanía.

La falta de transparencia y rendición de cuentas son obstáculos para el desarrollo social, político, económico y administrativo del país, de ahí que la gran tarea sea fortalecer los mecanismos institucionales para combatir y sancionar aquellas conductas irregulares o ilícitas efectuadas por los servidores públicos.

Ante este escenario, el reto será consolidar y fortalecer una cultura en favor de una mayor transparencia y una mayor rendición de cuentas desde el ámbito de la sociedad civil. Hoy como nunca, la ciudadanía tiene derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos; cómo deciden las autoridades y cuáles son sus resultados.

Partidos políticos

Representantes de todos los sectores demandan una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los partidos políticos, debido al oneroso presupuesto que se les asigna cuando hay procesos electorales. Si la preocupación es el origen ilícito del dinero que llega a las campañas, entonces hay que acudir a la fiscalización, generar mejores esquemas de transparencia y límites a las contribuciones.

Al iniciar el proceso electoral 2023-2024 para elegir Presidente de la República, senadores y diputados federales, así como legisladores locales y presidentes municipales, la sociedad exige revisar los onerosos recursos asignados a los institutos políticos ante las crecientes necesidades económicas y sociales de los mexicanos y en especial de los oaxaqueños.

Hoy se destina mucho dinero a los partidos políticos que no acaban de convencer al electorado, pues a pesar de que se han impulsado reformas para disminuir el costo electoral en México, en los últimos procesos electorales más dinero público reciben los partidos políticos con registro nacional.

Por ello se ha planteado que los partidos acudan al financiamiento a través de contribuciones de sus simpatizantes. Esto generaría incentivos para que realizaran un mejor papel en el cargo una vez que sean electos, además de que muchos partidos dejarían de existir sin financiamiento público, tal y como ha sucedido con muchos de ellos que participan en una elección y después desaparecen, pero con un fuerte gasto que corrió por parte de la  ciudadanía.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección se compone de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las otorgadas para la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico.

La legislación electoral estipula que será causa de pérdida de registro de un partido político no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior por lo menos 3 por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de la República.