Investigar ilícitos vs mujeres

El gobernador Salomón Jara ha sido insistente en sus mensajes, que no se habrán de tolerar abusos o violencia de género. Es más, recientemente la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que es mayoría en la LXV Legislatura, aprobó la iniciativa para que aquellos sujetos que violenten a mujeres o deudores alimentarios que no cumplen con los mandatos judiciales no pueden ni ocupar cargos públicos, mucho menos ser elegidos en procesos electorales. La cuestión pues, está clara, para aquellos que hayan incurrido en estos ilícitos, siempre que, desde luego, la autoridad competente tenga las pruebas necesarias y con la presunción de inocencia anticipada. Pese a todo lo anterior, el golpeteo al gobierno estatal por la permanencia de Donato Vargas Jiménez, responsable de la coordinación de los delegados que la Secretaría de Gobierno tiene diseminados en todo el estado, ha sido innecesario.

El aludido debe responder de los señalamientos que hay en su contra. No se trata de que su jefe, el titular de la Secretaría de Gobierno, le trate de limpiar la cara, sino que, en un acto de absoluta dignidad y lealtad al gobernador, retirarse del cargo o, en su defecto, ponerse a disposición de los órganos de justicia. Las víctimas lo señalan de haber utilizado fotos íntimas de sus hermanas de raza mixe, para publicitarlas en un portal creado ex professo, contraviniendo la legislación federal que se ha aprobado al respecto. Sin embargo, la semana pasada surgió otro caso, éste de acoso sexual, laboral y hasta amenazas de muerte, en las que la presunta víctima señala a quien hoy funge como titular del Monte de Piedad. El aludido, Omar Julián, ha respondido a través de los canales institucionales negando la especie.

Si bien en el caso de Donato los hechos se dieron hace años, no así las denuncias, desde que trascendió que ocuparía un cargo de importancia en la actual administración. El segundo caso, según trascendió, ya fue puesto del conocimiento del área correspondiente de la Fiscalía General del Estado (FGEO), es decir, el asunto ha escalado el plano de la simple denuncia que conlleva al escarnio mediático. Lo que se pone en tela de juicio es que, a siete meses de haber iniciado el actual gobierno, pasen eventos de esta naturaleza que, lejos de allanarle el camino a la Primavera Oaxaqueña, lo único que hacen es dañar la reputación del gobierno y dar banderas para la crítica y el demérito.

Inseguridad: Flagelo cotidiano

A lo largo de los últimos años, no ha sido fortuita nuestra insistencia de que, el argumento de que Oaxaca es una de las entidades más seguras del país es una falacia, además de que, ello en nada garantiza o inhibe las operaciones criminales que laceran la civilidad y la convivencia en todo el país. Entre la ciudadanía hay una preocupación: no queremos ser un estado de Guerrero o Chiapas, que en los últimos tiempos han devenido paraíso para los grupos delictivos que, en su disputa por el territorio, han convertido a esta última entidad próspera y pacífica, en un territorio en donde la muerte tiene permiso. Y hay razón en dicha preocupación, pues hemos visto que poblaciones antes tranquilas y sus ciudadanos dedicados al trabajo, hoy convertidas en ejes de operaciones ilícitas. El mejor ejemplo de ello es la ciudad de Huajuapan de León y su zona conurbada. La semana antepasada, en menos de 24 horas hubo 4 ejecuciones.

Juchitán de Zaragoza sigue en su triste papel de vertedero de muerte diaria. En lo que va del año las ejecuciones en la vía pública se cuentan por decenas. La Costa oaxaqueña no se queda atrás, como Jamiltepec, en donde se han dado ejecuciones masivas y hasta asesinatos de niños o vendettas estilo narco, como rematar a un delincuente herido en el mismo hospital. Es decir, vamos mal. Los hechos no son para echar las campanas al vuelo y seguir con el disco rayado de que somos un remanso de paz, cuando en Huatulco se asesina a extranjeros, como ocurrió la semana anterior. Los funcionarios que participan en las llamadas mesas de seguridad deben actuar y decir con prudencia, no crear falsas expectativas ni difundir información falsa o dolosa.

Las quejas de los vecinos de Huajuapan, de hace varias semanas, fue atendida de inmediato. Fuerzas estatales y federales blindaron la ciudad mixteca, aunque el crimen ha permeado tanto que sus tentáculos abarcan más de lo que las fuerzas policiales pueden vigilar. Ya es un secreto a voces que el narcomenudeo o la distribución de todo tipo de drogas permea hasta en las poblaciones más modestas de la geografía estatal. Y ello, conlleva la presencia de capos o lugartenientes y sicarios cebados en sangre para cobrar la paga. El mejor antídoto para paliar esta preocupante realidad es fortalecer los mecanismos de disuasión y vigilancia y ahí el Estado y su representante, el gobierno, tienen la palabra.