Y los que faltan

La semana anterior, la titular del Registro Civil, Dulce Belem Uribe Mendoza, hizo pública la denuncia de un evidente quebranto al erario público por 190 millones de pesos en dicha entidad pública, a raíz de la contratación de una empresa para la digitalización y modernización de las labores que realiza en la cuestión registral.

La citada empresa incumplió los términos del contrato, pero sí cobró. La suma es mayor, luego de difundirse que el Registro Civil no fue la única oficina de gobierno que contrató sus servicios, sino además el Instituto de la Función Registral (IFREO) y la Secretaría de Movilidad. No es un secreto que en cada administración hay operadores que meten con calzador a empresas fraudulentas, algunas sin siquiera contar con domicilio fiscal o con razones sociales ya identificadas por las autoridades hacendarias del país.

El caso que hemos mencionado no es el único que tiene en manos el gobierno de Salomón Jara. El mismo ejecutivo estatal volvió a la carga el pasado lunes 10 de abril al señalar en su conferencia de prensa que no será tapadera de nadie y que quien haya hecho mal uso de los recursos públicos de los oaxaqueños tendrá que pagar. En lo que algunos advirtieron se trata de una seria amenaza al gobierno encabezado por Alejandro Murat, va implícita la situación de más de 119 obras inconclusas que fueron dejadas por la anterior administración, entre ellas algunas emblemáticas como “Símbolos Patrios” o el “Circuito Interior”, hechas con mala calidad y sin concluir del todo. Es decir, si las instancias correspondientes tienen ya completa la documentación que acredita este engaño a la ciudadanía, ya que fueron entregadas al pueblo oaxaqueño como si ya estuvieran concluidas, pues que se proceda.

Con la detención de dos de los miembros del llamado Cártel del Despojo, es clara la política del gobierno de Jara Cruz de ponerle fin a la impunidad. Con esa premisa debe procederse a la brevedad en contra de aquellos que materialmente saquearon el presupuesto oaxaqueño. La empresa que no concluyó los términos del contrato suscrito con el Registro Civil y demás dependencias y entidades, tuvo como contraparte la omisión de quienes lo contrataron y sobre ellos deben acreditarse las responsabilidades. Es decir, faltan piezas para integrar completo el rompecabezas de la corrupción que tanto ha lacerado a Oaxaca. Aún faltan otros a los que se debe aplicar la ley.

Solución postergada

Se cumplieron ya seis meses sin que el gobierno de Oaxaca de Juárez haya actuado con firmeza para conseguir el predio que servirá, durante los próximos años, como relleno sanitario. Más bien, quien ha anunciado que hay avances es el gobierno estatal. Es cierto, hay recolección y tal parece que se han superado los esquemas de la crisis en el manejo de los desechos sólidos, pues bien a mal el municipio no ha dejado de cumplir con esta obligación institucional, sin importar mucho cuánto le cuesta enviar las góndolas de basura afuera de la ciudad o del estado. Pese a ello, hay cuestiones que sí han ocasionado molestia a la ciudadanía y han contribuido a empeorar el medio ambiente en los Valles Centrales y es la existencia de un tiradero clandestino, que opera a espaldas del mismo ayuntamiento y de las autoridades ambientales como la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) o la Procuraduría para la Protección del Ambiente en el Estado de Oaxaca (Propaeo). Dicho tiradero fue instalado en las riberas del Río Atoyac, por parte de uno de los sindicatos mafiosos –como les llama López Obrador-, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem).

Al estallar la crisis de la basura, luego del cierre del tiradero municipal que se ubicaba en la Villa de Zaachila, los dirigentes de dicho gremio capitalizaron la inconformidad de recolectores particulares de desechos sólidos, que hacían el servicio en paralelo a los trabajadores municipales y recogían en donde éstos no lo hacían. Obvio, a cambio de una cuota monetaria. Y así, mientras la ciudad se llenaba de basura, dicho sindicato contraviniendo leyes ambientales, amparos que protegen al Río Atoyac y con total impunidad, dejaron que dichos camiones o camionetas particulares depositaran sus cargas en el lugar menos indicado: las márgenes del referido afluente.

La situación de contaminación al medio ambiente se ha exacerbado con constantes incendios a la basura, lo cual genera una nube negra de humo que sigue afectando la salud de los ciudadanos. Ni el gobierno estatal ni el municipal, han podido exigir a Catem retirar su tiradero, menos lo han podido hacer las autoridades ambientales. Dicha confederación, plagada de sicarios y golpeadores, lo ha mantenido a sangre y fuego, situación que pone en entredicho la protección, la impunidad o la connivencia que se da con el gobierno estatal, en donde se dice, le otorgan protección.