Una pésima imagen

Como represalia por la aprehensión de David Hernández Salazar, violento activista señalado de diversos delitos como incendio, lesiones y daño en propiedad ajena en el municipio de San Blas Atempa, el martes 17 de enero un grupo de personas presuntas militantes de la llamada Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIDTT), bloquearon la Carretera 190, a la altura del Puente de Madera, ubicado entre Santo Domingo Tehuantepec y Juchitán de Zaragoza. Desde que montaron este mecanismo de presión, la violencia y el vandalismo estuvieron presentes, pues incendiaron vehículos y agredieron a quienes tuvieron la mala suerte de pasar por el lugar. Intentaban a toda costa liberar al detenido con este tipo de acciones de las que, como ya hemos dicho, la ciudadanía está harta.

Una de las peores acciones que asumieron fue retener un autobús que transportaba a 33 turistas franceses que habían salido de Tehuantepec con rumbo a Tuxtla Gutiérrez, a donde continuarían con el tour contratado. No obstante, la información que en sentido contrario emitió la Secretaría de Gobierno, para negar dicha especie, las redes sociales dieron cuenta horas después de la liberación de los turistas galos por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes los extrajeron del lugar del bloqueo y los transportaron en patrullas de la corporación. Lo anterior se dio, justamente, un día antes del inicio de la Feria Internacional de Turismo, que cada año se celebra en Madrid, a donde acudió una nutrida delegación oaxaqueña a presentar la marca: “Oaxaca, tierra orgullosa de sus raíces”.

El asunto no es menor. Se trata de un ilícito que, de no aplicarse la ley vigente, puede repetirse creándole a la entidad una pésima imagen, no sólo en el ámbito del turismo que, se dice, será una piedra angular en el plan de gobierno de Salomón Jara. No puede hablarse de destinos turísticos, de promoción de los mismos y de todo lo que Oaxaca puede ofrecer a México y al mundo en la materia, cuando se dan este tipo de hechos bochornosos que, allende nuestras fronteras, pueden ocasionar severos descalabros en nuestra industria sin chimeneas. Es urgente y necesario que el Congreso del Estado, sobre todo la bancada mayoritaria, deje su actitud convenenciera y servil para aprobar iniciativas que regulen o prohíban hechos tan lamentables como el que exponemos en este espacio.

¿Tema agrario o cultivos ilícitos?

El domingo 15 de enero, durante su gira número 30 a Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del gobernador Salomón Jara estuvo en la comunidad de San Vicente Coatlán. Pidió al presidente municipal y del Comisariado de Bienes Comunales, permitan que continúen los trabajos de la carretera a la Costa, suspendidos a raíz del recrudecimiento del conflicto agrario que libran desde hace más de 40 años con Sola de Vega. Pese a ello, encontró negativas. Una de ellas, que las 19 mil 600 hectáreas en litigio y que según datos ya ganó la segunda comunidad, sea repartida al 50%. La Federación ha ofrecido adquirir dicha mitad. Ha sido San Vicente el principal obstáculo, pese a tratarse de una comunidad cuyos vecinos, históricamente, se han dedicado a la siembra y producción de estupefacientes. La disputa por el territorio citado ha costado muchas vidas.

Hay que recordar que se han dado hechos de sangre que, extrañamente, han quedado en la impunidad. Uno, cuando el candidato a la diputación local por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Emigdio López, y su equipo de campaña fueron emboscados y asesinados por desconocidos. Sujetos armados segaron cinco vidas. Poco tiempo después, una patrulla de la Policía Estatal corrió una suerte similar. Las fotografías de los elementos del orden masacrados y cosidos a tiros, invadieron las redes sociales. Nada pasó. Ni se buscó a los asesinos ni, mucho menos, se hizo justicia a los policías asesinados. La pregunta es: ¿Por qué de la impunidad? Hoy en día, con ese lastre inexplicable, las autoridades y asamblea de dicha población ponen condiciones luego de meses de haber impedido la continuación de los trabajos de la carretera a la Costa.

El presidente de México los emplazó a permitir la continuación de las obras. Dio un mes de plazo, caso contrario –dijo- podía solicitar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), cambiar el trazo de la vía, lo que implicaría una mayor dilación para su terminación. Es evidente que detrás de los que se presentan como autoridades municipales y comunales hay personajes y grupos que se mueven. No es pues una prioridad el conflicto agrario que hemos mencionado, sino –así dicen quienes conocen a fondo el tema- sino mantener lejos de las miradas ajenas, los cultivos ilícitos, los mismos que mantienen desde hace varias décadas.