S-22: ¿Cambio radical?

El pasado fin de semana, luego de cuatro días de deliberaciones, los delegados efectivos y fraternales del magisterio oaxaqueño afiliados a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) -¿o podríamos decir de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)?- designaron finalmente a su nuevo Comité Ejecutivo Seccional (CES), que los habrá de representar durante los próximos cuatro años. Para los dirigentes salientes hubo una serie de cuestionamientos, pues a decir de las alas radicales, vendieron el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación (MDTEO) y sus acciones al gobierno pasado, todo ello en virtud de haber cedido a cumplir medianamente con los ciclos escolares de los últimos cuatro años y no seguir afectando a la educación que imparte el estado.

En sus deliberaciones fue elegida Yenni Aracely Pérez Martínez, como Secretaria General que, si bien tiene una formación académica más sólida que la mayoría de sus compañeros, sus antecedentes la ubican en el ala radical, al juzgar por su activismo político durante el movimiento político y social del 2006, cuando fue detenida por las Fuerzas Federales de Apoyo que estuvieron en la capital del estado en noviembre de dicho año, para restablecer el orden y la paz social. Es más, hay datos de que ella con dos maestras más fueron enviadas al Penal Federal de “El Rincón”, Nayarit. Si bien es cierto que todo mundo ha aplaudido que la elegida para el cargo más importante en la gremial una mujer, indígena y preparada desde el punto de vista académico, espera que dichas características incidan en no seguir afectando a la niñez y la juventud oaxaqueñas.

Para ningún ciudadano es un secreto que el rezago educativo que arrastra dicho sector de la población estudiantil se remonta a 1980, que fue justamente cuando nació el MDTEO y sus cuestionados métodos de lucha. Nadie les niega a los maestros (as) su derecho a exigir mejoras salariales o laborales, menos acotar su derecho a la libre expresión. Lo lamentable es que sigan utilizando a la educación que imparte el Estado como plataforma para afectar el proceso enseñanza-aprendizaje, queriendo ingenuamente trastocar los principios elementales de la educación pública en pivote ideológico, anclado en doctrinas hace muchos rebasadas por la realidad histórica.

¿Otra vez, diálogo sin ley?

Se ha convertido ya en un disco rayado que el gobierno en turno afirma una y otra vez que habrá de privilegiar el diálogo, antes de que la aplicación de la ley. Durante los últimos días del gobierno pasado no faltaron los mecanismos de presión, como los bloqueos carreteros y a oficinas públicas, por parte de grupos y organizaciones como el Frente Popular Revolucionario (FPR), para mostrar músculo ante el régimen entrante de Salomón Jara. Con la bandera del asesinato de uno de sus dirigentes regionales, ocurrido en agosto de 2020 en la comunidad de Ánimas Trujano, dicha organización ya tiene un elemento para estar presionando no solamente al gobierno en turno sino a la ciudadanía en general. Dicho grupo se ha caracterizado por ser un permanente extorsionador del gobierno a quien le exige, de manera permanente, cantidades millonarias para supuestas causas y comunidades que afirma están afiliadas a la organización.

La Fiscalía General del Estado (FGEO), emitió un comunicado, el mismo día en que el FPR montó un bloqueo en uno de sus bastiones, Asunción Nochixtlán, para informar que en obtuvo del Tribunal de Enjuiciamiento, sentencia condenatoria por 58 años de prisión contra la persona del sexo masculino identificada como R. S. E., autor material del delito de homicidio calificado en contra de Tomás José Martínez Pinacho, dirigente de la organización citada en los hechos ya referidos. Es importante subrayar que desde que la persona hoy sentenciada fue detenida y en el marco de la nueva legislación que privilegia la presunción de inocencia, fue vinculada a proceso, acumulándose las pruebas que dieron como resultado el fallo judicial en mención. Ya se ha procedido pues conforme lo dispone nuestro Código Penal vigente, ahora ¿qué pretende el FPR?

No es la primera vez que hemos llamado la atención del hoy nuevo gobierno para tomar las medidas pertinentes en contra de ese directorio amplio de grupos de presión y extorsión que, con banderas reales o ficticias sólo pretenden seguir perviviendo de nuestros impuestos y de los recursos que, canalizados de manera directa a los beneficiarios, podrían tener mejores resultados que a través de intermediarios. Entre los oaxaqueños hay un hartazgo generalizado por la tolerancia excesiva e irracional que se ha tenido con estos extorsionadores, a los que ha habido miedo de aplicarles la ley.