Antídoto para el chantaje

Desde el inicio de semana pasada, la capital oaxaqueña y, en general, la entidad, fueron una verdadera locura. El chantaje de vecinos de comunidades y de organizaciones sociales, algunas de las 400 que perviven de la limosna gubernamental, se volcaron sobre la ciudadanía inerme. Bloqueos en carreteras y vialidades urbanas. Una vez más el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, la Terminal de Autobuses de Primera Clase y otros sitios claves, fueron rehenes de quienes protestaron para exigir dinero del gobierno. Sin embargo, no es nada nuevo. Ya es clásico que el gobierno al concluir su gestión vaya dejando cabos sueltos, particularmente el de Alejandro Murat, que acostumbró a una caterva de organizaciones vividoras del erario a explotar a placer el mismo, como un señuelo para mantener en calma relativa la gobernabilidad y la paz social.

La civilidad entre los oaxaqueños no se explica sin ese cáncer pernicioso de dirigentes sin escrúpulos, organizaciones parásitas, maestros desobligados, transportistas rijosos o sindicatos mafiosos. Lo grave es que cada vez se han empoderado más, justamente porque ha hecho falta una política que privilegie el beneficio y la paz de las mayorías, frente a los constantes embates de pequeños grupos que, en su ambición del dinero público fácil, con absoluta impunidad cierran carreteras o vialidades. Se acostumbraron a la política del diálogo y más diálogo, que ha soslayado por completo la aplicación de la ley y el uso de la fuerza cuando el primero se ha agotado. He ahí el por qué el actual gobierno estatal ha hecho caso omiso de la sugerencia presidencial de entregar los apoyos directamente a los beneficiarios y no a los intermediarios, que se quedan con la mayor parte. Existe ya una clientela a la que se le ha mantenido los seis años.

Desde muchas trincheras los diversos sectores sociales han manifestado su hartazgo, pero han encontrado oídos sordos de las autoridades. La idea ha sido solapar los excesos, los abusos y atropellos, pero no tocar a nadie. Sin embargo, el miércoles 14 de septiembre se dio un hecho inédito que tal vez sirva para el futuro. Desde un día antes, las autoridades de San Agustín de las Juntas habían hecho un llamado al gobierno estatal a solucionar la problemática de los grupos que mantenían tomado el crucero del Aeropuerto. Los rijosos protestantes siguieron, no obstante los acuerdos tomados con el gobernador Murat. Por la tarde de ese día, los mismos golpearon con saña a un ciudadano que protestó por el cierre. Por la noche, repique de campanas previo, los vecinos de la citada comunidad desalojaron a golpes y catorrazos el bloqueo.

Economía por los suelos

Desde marzo de 2020, cuando inició la contingencia por la pandemia de SARS-COV2, conocida como Covid-19, hasta la vuelta a una normalidad relativa –que no total- cientos o tal vez miles de pequeñas empresas tuvieron que cerrar operaciones ante el impacto brutal de la ausencia de clientes, los recortes de personal, el pago de rentas e impuestos, que terminaron por darle el tiro de gracia. De parte del gobierno federal, como todo mundo lo sabe, sólo fueron datos tendenciosos, como “la pandemia nos cayó como anillo al dedo” o “la crisis sanitaria ya está domada” y otras balandronadas más. Nada de apoyo a quienes desde su pequeños o medianos negocios generan riqueza y empleos. De parte del gobierno estatal también la cifra dispuesta para apoyar a ese sector, fue insignificante.

Sin embargo, a diferencia de cómo sortearon la crisis en otros lugares del país a lo que ha ocurrido en Oaxaca, hay una gran diferencia. Aquí los pequeños y medianos empresarios han estado a dos fuegos: por un lado la crisis sanitaria y, por otro, acotados por organizaciones sociales, grupos políticos, sindicatos, transportistas, maestros y demás que siguen utilizando el infame método del bloqueo. Se trata de un sector importante de esa casta maldita de vividores de la dádiva gubernamental que, con absoluta impunidad han socavado las pocas ganancias que pudieron haber obtenido quienes invierten en comercio, turismo, servicios y otros, generando el cierre de negocios. Las exigencias de los afectados para que el gobierno de Alejandro Murat restablezca el orden, la gobernabilidad y la paz social, a través de la ley, han sido inútiles.

La respuesta que han tenido los afectados no sólo en la capital y los Valles Centrales sino en otras regiones del estado, abotagadas por tantos bloqueos y obstáculos a las vías de comunicación, han sido evasivas o la manida fórmula de que aquí siempre habrá “diálogo y más diálogo”. He ahí el por qué a punto de entregar la estafeta seguimos padeciendo como sociedad, abusos, atropellos y violencia. Las quejas e insistencia de los empresarios del Istmo de Tehuantepec, para que cese este constante acoso, han sido prácticamente desoídas o carentes de interés. El gobierno actual simplemente ha dejado hacer y dejado pasar con consecuencias funestas para nuestra economía. Ésta será una herencia muy lamentable para el gobierno que inicia funciones en diciembre.