¿Volver a la normalidad?

En nuestro ambiente oaxaqueño, los siniestros traen consigo una pesada carga, además de la desolación, destrucción y muerte: la apatía gubernamental para que la ciudadanía afectada vuelva a la normalidad. En efecto, a poco de ocurrir un sismo o los efectos de algún huracán, la prioridad es reparar y rehabilitar carreteras, caminos, edificios públicos, mercados, energía eléctrica o la red de agua potable. Ello se hace con la premura de que los daños no sean generalizados y la población tenga al menos un aliciente para poder salir adelante. Sin embargo, una rehabilitación a fondo requiere de muchos millones de pesos y de un presupuesto del que no dispone el gobierno estatal. He ahí el por qué, el actual régimen ha tenido que recurrir a los préstamos a la banca privada para hacer frente a las emergencias.

Según informes del gobierno estatal, se autorizó ya que 31 municipios oaxaqueños, sobre todo de la zona costera y de la Sierra Sur sean considerados por la Federación como zona de desastre. Ello no implica que los recursos que se otorguen sean suficientes para que aquellos que perdieron sus viviendas puedan recuperarlos o los ciudadanos que vieron anegarse sus cultivos y cosechas reciban los recursos para paliar el daño. Es obvio que no. Ya lo comentamos: mientras los medios de comunicación sigan publicando notas sobre la tragedia ésta se mantendrá en el radar de los gobiernos federal y estatal. Cuando trascienda que el peligro ha pasado, entrará en una fase de olvido. Y en Oaxaca lo hemos vivido. Nadie nos va a contar. En septiembre de 2017, el sismo brutal de 8.2 grados devastó la zona del Istmo de Tehuantepec. ¿Hay alguna justificación, salvo la apatía gubernamental, para que junio de 2022, la reconstrucción siga como tema pendiente?

No es asumir una postura pesimista al afirmar que lo que no haga la misma población, la Federación ni el gobierno estatal lo hará. Por ello, es plausible lo que vecinos de Zipolite, Mazunte y Puerto Ángel han hecho en días pasados, luego de que la ayuda gubernamental fluyera a cuenta gotas: trabajar brazo con brazo y codo con codo para limpiar los escombros; tratar de reparar sus viviendas y hacer tequio para que las comunidades afectadas puedan volver, cuanto antes, a la normalidad. Esperar cruzados de brazos a que la ayuda llegue es una utopía. La reflexión es dura, pero real. Sólo la corresponsabilidad ciudadana será el aliciente mayor para la tragedia.

Casonas: Otro tema

Las intensas lluvias de los últimos días vuelven a poner sobre la mesa, la situación de deterioro que llevan consigo decenas de viejas casonas que se ubican, la mayoría de ellas, en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña. En efecto, existen muchas que se encuentran ya rodeadas por cinta amarilla, advirtiendo a transeúntes y automovilistas del riesgo que implica pasar junto a ellas, pero hay otras más, con paredes desnudas, que dejan ver los materiales que se usaban desde antaño, como es el adobe de barro y otros. Es decir, la capa protectora de cal, arena y cemento, la perdieron desde hace muchos años. Y ahí se encuentran, incluso casonas catalogadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o por la Dirección del Centro Histórico del gobierno municipal.

En este espacio editorial de EL IMPARCIAL. El Mejor diario de Oaxaca, hemos sido recurrentes en nuestra postura en torno a dicho patrimonio histórico que hoy se encuentra en el olvido. Hace tiempo propusimos la adquisición de dichos inmuebles, pero sabiendo la situación de precariedad que padece el gobierno municipal, eso es prácticamente imposible. No se le pueden pedir peras al olmo. Es evidente que la remodelación de dichos inmuebles y las restricciones que impone el INAH, no son poca cosa. Se requieren inversiones importantes para poder regresarle a los mismos, su belleza original. Es cierto, hay propiedades que han sido adquiridas por empresarios y artistas para darles un destino más rentable, como hoteles, hostales o restaurantes. Otras más padecen problemas serios de legalidad, es decir, se trata de bienes intestados en donde viven –sólo en algunos casos- familias de los legítimos propietarios, que seguramente fallecieron sin dejar herederos.

Hoy que está tan en entredicho la acción de funcionarios estatales coludidos con fedatarios públicos en el despojo de propiedades, nada tan complicado como expropiar dichos bienes, situación que puede traer consecuencias graves para las autoridades y escándalos mediáticos. A ello hay que agregar que hay propietarios o familiares que se niegan a vender, sin embargo, por las razones que se exponen al principio, dichas viejas casonas deben ser objeto de intervención por parte de las autoridades. No se trata de imposición, ni de medidas arbitrarias, sino del bienestar común. Así, cualquier postura cerrada será calificada como indolencia e irresponsabilidad.