Sectarismo legislativo

Desde los inicios de la anterior legislatura, los y las diputadas del bloque mayoritario que pertenecen al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pasaron su período legislativo en medio de disputas, jaloneos y roces políticos. Uno de los factores de dicha fractura era, precisamente, el control de los cargos más importantes, sobre todo, el que maneja el presupuesto legislativo, como es el caso de la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Desde hace más de tres años, el entonces aspirante a la gubernatura del Estado, ubicó a sus leales en posiciones claves dentro del Congreso local. De los 26 diputados (as) que conformaban la bancada, 16 formaron un grupo y 10 otro. El futurismo político contribuyó a que dicha diputación local fuera catalogada como improductiva, onerosa y voraz.

La semana pasada un grupo de cinco legisladores (as) de la citada bancada en la actual LXV Legislatura del Estado, se separaron de la misma para formar lo que ellos llamaron: “Grupo Parlamentario de la Cuarta Transformación”. Dicho grupo estuvo a favor de la candidatura de la senadora Susana Harp Iturribarría y, fue en todo momento contrario al candidato Salomón Jara. Es decir, a poco más de seis meses de estar en funciones, ya enseñaron el cobre del sectarismo, ajuste de cuentas y fractura, poniendo por encima de su deber con la ciudadanía, sus fijaciones, filias y fobias políticas. ¿En qué beneficia a los oaxaqueños esta lucha por intereses sectarios, luego del paso desafortunado de la pasada legislatura, muchos de cuyos huéspedes repiten en la actual y se encuentran ocupando una curul?

La sociedad civil, no los partidos políticos, debe exigir a los y las legisladores cumplir con el quehacer y responsabilidad que tienen encomendada. Ya es tiempo de exhibirlos (as) y mostrar de qué están hechos (as). El peor ejemplo lo hemos tenido ya en la Cámara federal, en donde se mostró de cuerpo entero el empecinamiento de un presidente de la República, en pretender imponer una ley, apoyada no por representantes populares sino por lacayos y lame-botas. Nada, absolutamente nada justifica erogar cantidades millonarias para mantener a una casta política sublimada, empeñada en ajustar cuentas y disputarse el manejo del presupuesto que es, en última instancia lo que les mueve. Es imposible dejar todo en manos de partidos políticos sectarios, con representantes voraces y transas. La lucha debe venir de la sociedad civil organizada.

Cártel impune

Quién creó el concepto de “Cártel del Despojo”, merece, sin duda alguna, nuestro reconocimiento. Funcionarios públicos corruptos, fedatarios convenencieros y rapaces, apoyados por altas esferas del poder estatal, ciertamente conforman una especie de cártel criminal. Es una especie de delincuencia organizada, salvo que las armas no salen a la luz del día. Los miembros cuentan con otras más eficaces: la indefensión de propietarios de casas-habitación, predios rústicos urbanos y rurales, además de que los hilos se mueven con tal impunidad, que a las víctimas las borran del mapa, es decir, les quitan su identidad. En otros términos, no existen, porque en los registros oficiales se han borrado nombres, antecedentes familiares, historia genealógica, etc. Algo nunca visto en el país, todo por apropiarse de casonas viejas o edificios; terrenos baldíos o propiedades, que de la noche a la mañana cambian de propietario, con todos los protocolos legales.

Pese a las constantes denuncias al respecto, no se han visto acciones enérgicas de parte del gobierno de Alejandro Murat. El escándalo ya escaló la escena nacional. Diarios de importancia y portales de noticias han dado cuenta. Lejos de aminorarse, los casos de despojo siguen impunemente. Es más, se ha ubicado a un notario público como cabeza de estas ratas, sin que a la fecha le hayan tocado un pelo. Y hay que tomar en cuenta que el notario aludido es de los que resultaron beneficiados en la actual administración. Arbitrario, prepotente y corrupto, sigue adelante sin que la Fiscalía General del Estado a o algún otro órgano les haya llamado a cuentas.

Hace un par de semanas trascendió que la LXV Legislatura había aprobado un punto de acuerdo para llamar a comparecer al Fiscal General del Estado, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, para que explique las acciones que ha tomado la FGEO, como es investigar los casos de despojo o las pesquisas ministeriales, a fin de concluir con este aberrante ilícito. Desde la semana anterior se declaró la clausura del primer período de sesiones y se nombró a la Comisión Permanente, lo que implica que el tema se sigue difiriendo. La pregunta es: ¿qué espera el ejecutivo estatal para disponer de una investigación a fondo y sancionar, de merecerlo, a funcionarios que estén involucrados en este delito? Lo único que se ha hecho hasta el momento es sustituir al ex director del Instituto Catastral. Pero nada más.