Hartazgo popular

Sin duda lo entienden en el gobierno, aunque la mayor parte de las veces lo vean como parte de la cotidianeidad popular. Los bloqueos han generado hartazgo ciudadano. Cámaras, asociaciones, prestadores de servicios turísticos, entre otros, han demandado al gobierno de Alejandro Murat acciones enérgicas para evitar que ese método aberrante siga afectando la tranquilidad y la gobernabilidad; la paz social y la economía. Uno de los sectores más afectados, como ya hemos dicho, es el turismo. A nadie medianamente cuerdo se le ocurre volver a Oaxaca cuando queda varado por horas o días completos en un paraje desolado, en donde grupos que a veces no rebasan las 20 personas, cierran la carretera. No es pretexto decir que no se quiere aplicar la fuerza pública, porque arrastramos los síndromes del 2006 o de Nochixtlán. El pueblo exige poner un alto a tanto abuso y atropello.

Cuando falta poco más de un año para concluir su gestión al frente del gobierno oaxaqueño, tal parece que los problemas de las organizaciones sociales y sindicatos, atosigan al ejecutivo estatal. Es evidente que sus dirigentes quieren dinero. Así se les acostumbró y así quieren seguir, medrando del erario público. Desde hace tiempo, desde diversos foros se ha dicho que la gobernabilidad en el estado no puede estar fincada en el soborno, el cochupo o el dinero debajo de la mesa. A nivel federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los recursos deben entregarse de manera directa y no a través de intermediarios. Pero aquí seguimos en las mismas. He ahí el porqué durante dos semanas, el STEUABJO empezó usando medidas de chantaje, como el cierre de Avenida Universidad, para que le fueran entregados 12 millones de pesos, un pseudo bono de calidad.

Los sectores productivos ya no pueden más. Hay algunos negocios que han sobrevivido de milagro después de 18 meses de emergencia sanitaria por la pandemia. Y no pueden levantarse del todo, justamente porque un día y el otro también los clientes no llegan porque están bloqueadas las calles, avenidas y cruceros; porque al Aeropuerto no pueden llegar los pasajeros que tienen que abordar; porque muchos clientes se quedaron varados en el Istmo o la Mixteca. Las voces de ¡ya basta!, siguen entre los diversos sectores sociales. Aunque se diga que tenemos un crecimiento económico arriba de la media nacional, nada se logrará con esta permanente amenaza social.

Diálogo sí, pero primero la ley

Hace al menos un mes, ante funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Junta de Conciliación Agraria y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), autoridades municipales, auxiliares y agrarias, de Santa Catarina Yosonotú y Santa Lucía Monteverde, firmaron un acuerdo de paz respecto a viejos conflictos agrarios que enfrentan. Luego de la firma del mismo, la dependencia que maneja la política interna, la SEGEGO, emitió el boletín respectivo, ponderando la disposición de las autoridades de ambas comunidades para privilegiar el diálogo, la paz y el entendimiento mutuo. Es importante subrayar que dicha política ha sido una constante durante el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa. Sin embargo, se olvida un factor importante: la aplicación simple y llana de la ley.  

El acuerdo de paz citado se puso en entredicho a los pocos días, cuando un dron –se desconoce quién lo manejó o el nombre de quien lo usó- grabó cuando sujetos armados atacaron el domicilio de un agente municipal de Yosonotú, a quien asesinaron para después prender fuego a su vivienda. Se trata de un homicidio que fue videograbado y fue transmitido en un noticiario de televisión en horario nocturno. La pregunta es: ¿fue exitoso entonces el referido acuerdo de paz y concordia suscrito días antes? Obviamente no, porque además se dio un homicidio del que, presumimos, no hay responsable detenido. Sin embargo, de nueva cuenta, la semana pasada, el gobierno estatal convocó a las mismas autoridades, para firmar una minuta de acuerdos en la que ambas comunidades se comprometen a no realizar actividades en la zona de conflicto, mantener la paz y la tranquilidad entre los habitantes, así como realizar trabajos técnicos y topográficos.

Pese a la buena intención de las autoridades queda como resabio la persona asesinada. Lo hemos dicho hasta el cansancio. El sobado acuerdo debería iniciar con el ofrecimiento de realizar las investigaciones para dar con los asesinos del agente municipal sacrificado. En tanto no se privilegie la ley y la aplicación del derecho, toda mesa de diálogo estará condenada al fracaso. El crimen de una persona no puede subsanarse con firma de minutas o fotos oficiales, en donde todos aparezcan felices y contentos. Esos fallidos acuerdos, deben pasarse por el rasero de la norma. El Estado y su poder no son juguete de comuneros violentos.