Una paz remota

Cada vez se observa que los intereses políticos entre las organizaciones que regentean a los indígenas triquis, están por encima de la pretensión de los gobiernos federal y estatal, para devolverle a dicha etnia y a su zona, la anhelada paz social. De poco sirvieron los buenos oficios de la Secretaría General de Gobierno para promover el retorno de quienes se asumen desplazados del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), a Tierra Blanca, Copala, la semana anterior, escoltados por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, cuando ya sus adversarios del MULT y la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), cuestionaban dicha medida. La lucha entre facciones, los jaloneos por el predominio político han estado siempre detrás de la violencia que ha diezmado al citado grupo étnico.

No hemos estado errados al opinar que a ninguno de los dirigentes de las organizaciones triquis: Macario García Merino, del MULTI; Rogelio Pensamiento Mesinas del MULT; Fabián Pereda de UBISORT o Uriel Díaz Caballero de la Asamblea Popular Indígena (API), por decir sólo las de mayor membresía, les interesa la paz y la civilidad entre el citado grupo indígena. Al menos los tres primeros han pervivido de administrar la violencia. He ahí el móvil de los constantes enfrentamientos, emboscadas, secuestros y ejecuciones que han permeado desde hace décadas. Se trata de un grupo indígena que ha hecho asimismo de la violencia, su modus vivendi. Pero también de la victimización, pues a cada baja que tienen entre sus agremiados, les sirve para realizar marchas, protestas, bloqueos y alargar la mano para pedir la dádiva gubernamental. Muchos de los crímenes que han diezmado a esta etnia no han tenido castigo. Incluso en aquellos que hoy se han posesionado de los pasillos del Palacio de Gobierno, hay quienes tienen órdenes de aprehensión vigentes.

Solapar la impunidad bajo ficticios acuerdos de paz, no ha sido la estrategia más eficaz para resolver las diferencias y pactar la reconciliación. Lo hemos dicho en ocasiones anteriores. Por aquí suscriben la paz los dirigentes y se toman la foto con los funcionarios y por allá quedan los agravios, que pronto se convertirán en venganza y muerte. Por ello, muchos hemos insistido en que las autoridades deben trabajar en un doble universo: diálogo sí, pero sin soslayar castigar los homicidios y otros ilícitos.

Transístimica: El botín

La Carretera Transístimica se ha convertido desde hace algunos años, pero, sobre todo, en los últimos meses, en un botín de habitantes de agencias y colonias del municipio de San Juan Mazatlán, Mixe. Los constantes bloqueos carreteros, algunos de ellos por más de una semana, han tenido como eje la protesta en contra del presidente municipal, Macario Eleuterio Jiménez. Uno de los reclamos es la famosa distribución de los recursos de los Ramos 28 y 33. Sin embargo, como ya hemos dicho, quienes encabezan las afectaciones a las vías generales de comunicación y a miles y miles de transportistas lo hacen ya como un negocio que, a menudo, el gobierno estatal soslaya y antepone las sobadas mesas de diálogo. Hay que recordar que este tipo de maniobra quedó al descubierto el año pasado, cuando vivimos la primera ola de Covid-19. Tracto-camiones, autobuses, automóviles particulares y hasta camiones cargados de oxígeno para los hospitales de la región istmeña, estuvieron varados por esos atracadores y extorsionadores.

El fenómeno se repitió la semana pasada, con argumentos similares. También se hizo presente de nueva cuenta, el cobro de peaje que va de los mil pesos a operadores de unidades pesadas a quinientos pesos a autos particulares. La defensa de este negocio ilícito se ha hecho evidente incluso con acciones de violencia y reto a la ley, como fue el secuestro hace meses de un funcionario de la Secretaría General de Gobierno, quien fue atado a una camioneta o la reciente retención de la diputada local, Yarith Tannos hace días. En tono parecido a los triquis y con el argumento de “nosotros los pobres indígenas”, habitantes de las comunidades que pertenecen a San Juan Mazatlán, lucran con la etiqueta, asumiéndose intocables. Sabidos de que sus acciones quedarán en la impunidad, ya no recurren a otras formas de arreglo con el municipio, sino que recurren al chantaje, como una forma de robo.

Esperamos que quienes siguen actuando de manera infame, poniendo obstáculos a la circulación y poniendo en tela de juicio el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que hasta el día de hoy ha sido sólo un espejismo, no vayan a tener una respuesta violenta de parte de las comunidades afectadas. Nadie tiene el derecho de vulnerar impunemente los derechos civiles de terceros ni, mucho menos, lucrar con los mismos, como es el caso de quienes detrás de una demanda, sacan provecho pecuniario.