Deterioro de patrimonio

El tema del patrimonio histórico en riesgo, ha sido abordado en este espacio editorial. Un ejemplo de ello son las viejas casonas que están a punto de venirse abajo en el Centro Histórico de la capital y que, por descuido, falta de recursos o restricciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), no han sido restauradas o rehabilitadas, para devolverle su ancestral señorío. No es un tema menor. Se trata de una parte importante del patrimonio monumental que nos han legado generaciones ancestrales, pero que, la abulia oficial o ciudadana ha dado pie a que vayan en franco deterioro. El miércoles 12 de mayo, en las páginas de El Mejor diario de Oaxaca abordamos la preocupación que existe respecto a bienes inmuebles catalogados, pero que no han tenido ni la atención ni la supervisión necesaria, sobre todo por las afectaciones del vandalismo tan común en nuestro medio. Lejos de ser intervenidas por las autoridades, muestran los síntomas propios de la destrucción.

De las casonas de los Siglos XVIII y XIX, incluso de principios del XX, que se encuentran afectadas por los sismos o por el tiempo y que están  a punto de venirse abajo ya hemos tratado en este espacio. No existe una política para salvarlas de la destrucción, habida cuenta de que muchas cosas se remiten a prohibiciones para remodelar o derruir. Reglamentos y más normas estrictas para remodelar o rehabilitar, lo que ha dado lugar a que en ciertas obras lo que se cubre es la fachada no el conjunto integral del inmueble. Ello, sólo para aquellas personas que con poder económico pueden adquirir una propiedad histórica y pagarla con los costosísimos precios que piden por un predio en el Centro Histórico en la capital oaxaqueña, catalogada como una de más alta plusvalía a nivel nacional. 

La realidad es que no existen políticas públicas ni en el gobierno estatal, menos en el municipal, para salvar del deterioro o la destrucción de ese rico patrimonio monumental que aún tenemos en pie. Si bien existe una dependencia de gobierno que se denomina Dirección del Patrimonio Cultural, que sólo se dedica a la remodelación de edificios históricos y en el municipio de la capital, una entidad parecida, para regular construcciones y definir espacios, se carece de una reglamentación que obligue a quienes poseen casas o construcciones en mal estado, que estén catalogadas, a protegerlos. 

El chantaje que no cede

Durante meses no ha habido un solo día en que las carreteras del Istmo de Tehuantepec estén libres para la circulación, pues a diario, o son comuneros u organizaciones sociales o grupos políticos, los que se han cebado materialmente sobre la ciudadanía, montando bloqueos carreteros. Existe entre la población un hartazgo justificado. O es el crucero denominado El Caracol, que obstaculiza la circulación para Chiapas, Veracruz o la Costa oaxaqueña, o el llamado Canal 33, el Puente de Fierro o la Carretera Transístmica, a la altura de Matías Romero, Mogoñé o Palomares o en el tramo La Ventosa-Tapanatepec. La cuestión es diaria. Los motivos son diversos aunque el objetivo es uno: presionar al gobierno afectando a miles de ciudadanos que nada tienen que ver en la problemática. El chantaje y la presión han devenido armas letales para la gobernabilidad y la paz social.

Desde diversos foros la ciudadanía afectada ha exigido al gobierno de Alejandro Murat aplicar la ley y desalojar a quienes de manera tan ruin y dolosa afectan el derecho a la libre circulación que nos otorga nuestra Carta Magna. Pero no hay respuesta. De un momento a otro, los pasajeros, transportistas o automovilistas se ven frustrados cuando les informan que tal o cual tramo carretero está bloqueado, como es el caso de Asunción Nochixtlán, en la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan. Quienes operan este tipo de acciones lo hacen con toda la mala fe, como es el caso de los que bloquean al llamado Puente Caracol en el Istmo, en los que pueden mantener varados por días, a unidades pesadas con alimentos o carne; camiones cisternas con combustible o inclusive, ambulancias con enfermos a bordo.

Es evidente que en el Congreso del Estado jamás habrá alguna iniciativa para prohibir o regular marchas y manifestaciones. La mayoría de diputados (as) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), han emergido, justamente, de esas prácticas nocivas y violatorias a los derechos humanos. Es decir, nunca levantarían la mano para apoyar una iniciativa que camine en ese sentido. Sin embargo, los oaxaqueños estamos hartos. Sabemos asimismo, que el gobierno estatal tampoco actuará en consecuencia, pues existe un miedo cerval a que esta administración termine con el estigma de represor. Bajo esa premisa, la ciudadanía está en completa indefensión. Pero si en algún momento alguien que exige proteger su derecho a circular libremente encara violentamente a los chantajistas, no duden que la fuerza de la ley estará ahí para castigarlo.