Y sigue controversia

Por más de una semana y pese a haber pasado ya a la Cámara de Diputados, el controvertido transitorio propuesto por el senador oaxaqueño del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Raúl Bolaños Cacho Cué, para prolongar por dos años más la presidencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sigue generando críticas y posturas adversas. Organizaciones civiles, organismos no gubernamentales como Human Rights Watch, barras de abogados y otros, han encontrado la paradoja que implica que la principal salvaguarda de la Constitución sea la primera que vulnera su espíritu, en referencia al máximo órgano de justicia del país. Nadie, medianamente informado y que conozca de historia de México; de lo que aportaron a este país nuestros héroes nacionales de la generación de la Reforma y de cómo se ha forjado México en el ámbito de la ley, apoya esta barrabasada.

Si bien es cierto que a lo largo de décadas, ministros, magistrados y jueces han estado en el ojo del huracán por sueldos estratosféricos, sentencias absolutorias de magistrados a narcotraficantes o líderes de grupos criminales, por lo que muchos han sido suspendidos, también es cierto que unos pocos, que han cumplido con vocación, han sido asesinados. La visión generalizada del Poder Judicial de la Federación es de controversias. Hay que ver solamente la designación reciente de una de las ministras que es, precisamente, esposa del contratista favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nadie ignora que en los gobiernos neoliberales el selecto grupo que llegaba a la SCJN, lo hacía no por su trayectoria, conocimiento de jurisprudencia u otros, sino en virtud del favor político. Pero entonces se cuidaban las formas. Hoy no. La intromisión del presidente López Obrador se hace de manera burda, ordinaria y sin respeto a la división de poderes, aunque ello sea una ficción.

En lo que muchos oaxaqueños que han opinado del tema coinciden, es la mala fortuna de que haya sido un legislador de la Cámara Alta que, se presume sabe, conoce o debe tener alguna idea de la aportación que hizo don Benito Juárez para hacer de México un país de leyes e instituciones, sobre las cuales ningún poder, así sea dictatorial, debe imponerse. El famoso transitorio propuesto por Bolaños Cacho Cué es una aberrante intromisión del poder legislativo en el judicial. Se trata de un error histórico que habrá de marcar la vida institucional del país y, por supuesto, la de quien generó esta andanada de críticas y descalificaciones.

Obligada capacitación

Oaxaca es una entidad en cuyo nudo montañoso se disemina una considerable riqueza forestal. Hay comunidades como las hay en la Sierra Norte y Sur, que decidieron explotar dicha riqueza y beneficiarse ellas mismas. Un caso es el de los pueblos mancomunados de la Sierra Juárez. Otro caso emblemático de autogestión, son algunas comunidades de Sola de Vega, que producen resina y madera. Cuando se presenta un incendio forestal -que es al tema que vamos- cuentan con el equipo y los elementos necesarios para hacerle frente. Se sabe que cuando ello ocurre, sólo informan a las autoridades del siniestro, cuando éste ha sido controlado. Fuentes locales afirman que para dichas comunidades forestales es una prioridad cuidar sus bosques, tanto de los talamontes, que han devastado por completo zonas de riqueza forestal, como de los incendios. A estos le prestan especial atención, sobre todo cuando cuentan en sus territorios con espacios públicos de recreo.

En las últimas semanas Oaxaca ha padecido decenas de eventos de este tipo. Incluso, comunidades de los Valles Centrales no se han salvado de los incendios. Desconocemos cuántas personas laboran para este tipo de situaciones tanto en la Comisión Estatal Forestal (Coesfo) como en la dependencia federal, la Comisión Nacional Forestal (Conafor). De lo que no hay duda es que, el elemento humano nunca será suficiente para combatir dichos siniestros, independientemente de su magnitud. En años anteriores, se han convertido en tragedias, pues campesinos y comuneros, con el afán de salvar sus predios, han sucumbido en el intento. El razonamiento es simple: no cuentan ni con los elementos necesarios ni, mucho menos, con la capacitación para ello. Al toque de campanas de la iglesia, se lanzan a combatir el fuego, armados de lo único que tienen a mano, que es su machete o algún azadón.

Y cada año es la misma historia. Un descuido al encender una fogata; algún fumador que avienta la colilla u otros, siguen propiciando la pérdida de miles de hectáreas de pinos, ocotes, ceibas, etc., con el consecuente daño al ecosistema y al medio ambiente. A todo ello hay que agregar, algunos programas gubernamentales como “Sembrando vida”, en la que el campesino, para poder acceder al apoyo gubernamental, tiene que quemar incluso parte de sus predios, para poder sembrar lo que la normatividad del programa le obliga. Pero de ello comentaremos más adelante en otro espacio editorial.