Justicia retardada y denegada

Como mencionamos en este espacio editorial ayer, el pasado domingo 21 de marzo, se cumplieron nueve meses del asesinato de quince personas en la comunidad de Huazantlán del Río, municipio de San Mateo del Mar. Las fotografías de cuerpos humeantes y cadáveres lapidados, que fueron difundidas en redes sociales, provocaron indignación social. Se manejaron nombres y nombres de los presuntos instigadores o posibles responsables. Sin embargo, a la fecha, este acto criminal se ha ocultado con un velo de misterio y opacidad. Hasta este momento la opinión pública no ha tenido de parte de las autoridades una explicación respecto a estos hechos lamentables. Tampoco hemos sabido de los móviles de dicha masacre de hombres y mujeres indígenas huaves. Menos, de la aprehensión o vinculación a proceso de los presuntos responsables. 

A raíz de esta situación, a todas luces anormal, han surgido muchas interrogantes: ¿Qué pasó exactamente en la citada comunidad, conocida ya por su beligerancia y confrontación política? ¿Es posible que las diferencias ideológicas tengan como resultado el asesinato artero de quince personas, un caso de posible crimen colectivo entre la misma etnia ikotts? ¿Qué hay detrás de la falta de interés oficial por esclarecerlo y dejarlo en la impunidad? No es un tema menor. Por el contrario, se trata de un asunto grave que, en otras circunstancias ya debería haber sido esclarecido y los responsables estarían ante el juez. Pero no. Tal vez se le apueste al olvido. No hay que soslayar que justicia retardada es justicia denegada. Se han dado golpes al robo de vehículos de mercancías, se ha ido a las madrigueras de delincuentes con exitosos operativos policiales, pero del affaire San Mateo del Mar, sólo un silencio sepulcral.

Si, como mucho se ha dicho, en la actual administración hay una lucha permanente en contra de la impunidad y de la delincuencia, ¿cuáles son los motivos o razones para que, a tantos meses de haber ocurrido, este hecho criminal continúe en el misterio? Se entiende que toda pesquisa judicial debe estar considerada como reserva ante las exigencias de transparencia e información. Esperamos pues que este hecho no se siga manteniendo como una mancha indeleble de apatía o abulia oficial y los responsables materiales o intelectuales sigan exhibiendo una impunidad insultante al sentido común. La tarea corresponde ahora, al recién ungido nuevo Fiscal General del Estado. 

La eterna victimización

Hay una lección que nos legó desde el 2006, el sector magisterial afiliado a la Sección 22 del SNTE: en la lucha social, o el remedo de ella, nada hay tan rentable como la victimización. Es decir, si en los avatares de la protesta, las marchas, los bloqueos carreteros o en los abusos que se cometen tomando como argumento la libertad de expresión, hay alguien que es víctima de un homicidio, ya sea como vendetta personal de sicarios o la acción del Estado, es casi como si a los líderes les cayera como anillo al dedo. Para empezar, ya se sabe la consabida consigna: el responsable fue el Estado. No importa si el crimen haya sido por un asunto personal, pasional y no de ideología o pertenencia política; de un viejo agravio o tema ajeno a su militancia, el caso es aprovecharlo políticamente. Esto es: la sangre de un militante, simpatizante, miembro, dirigente u otro, debe ser aprovechado para sacar raja económica o política. Aquí no importan los sentimientos, ni la solidaridad, ni el dolor de la familia. Simplemente se trata de meter ruido.

Un caso particular. En agosto de 2020 fue asesinado en la comunidad de Ánimas Trujano, justo cuando cenaba en una taquería, el dirigente del Frente Popular Revolucionario –el FPR- en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Tomás Martínez Pinacho. Esa tarde/noche se soltaron los demonios. Cristales rotos y vandalismo en el Centro Histórico. Hay razón, esta organización, con tentáculos por doquier, es catalogada como una de las más violentas de las poco más de 400 que tiene el directorio de las que perviven de la dádiva oficial. 

Hace al menos un par de meses, la Fiscalía General del Estado detuvo al primero de los presuntos autores materiales. ¿Y cuál fue la respuesta del FPR? No era suficiente. Querían a los autores intelectuales. Hace dos semanas fue detenido el segundo presunto implicado. ¿Y cuál fue la respuesta? Al menos cinco bloqueos en oficinas de gobierno y principales cruceros de la capital. ¿Entonces qué pretenden sus franquicitarios? Es simple: no buscan que el crimen se esclarezca, sino que siga impune para que sea su bandera eterna de protesta y ello le permita a sus manejadores tener un elemento para chantajear al gobierno. Es decir, cual buitres, aprovecharse de la sangre derramada para buscar, como decimos antes, provecho político y económico. ¡Ése es el quid y no otro, de la eterna victimización! Pero eso sí, en las honras fúnebres, toda una apoteosis.