Un ejemplo a seguir

Algunos medios de comunicación nacionales difundieron la nota y fotografías, cuando policías municipales de Juchitán de Zaragoza realizaron una manifestación en un concurrido crucero de dicha población istmeña, portando pancartas y cartulinas, llamando a sus paisanos a evitar fiestas y bailes, a fin de evitar la proliferación del virus del Covid-19, que tantas muertes ha provocado. Dicha acción sucedió luego de que dicha corporación acudiera a suspender un baile en una de las populosas colonias juchitecas. Es más, sus elementos han enfrentado la violencia verbal y física de personas que se han obstinado en continuar con sus francachelas y bailongos, como ocurría antes de la pandemia. El ejemplo de los policías de Juchitán ha servido para que en otras comunidades se adopten medidas similares.

Hace algunos meses, en la Villa de Zaachila, sus autoridades municipales tomaron la determinación de detener en la calle a quienes no portaran cubre-bocas. La semana pasada fue, asimismo, detenida por elementos de la Policía Municipal, una empleada de Asunción Nochixtlán, que resultó ser la segunda persona por dicho motivo, que no cumplía con las medidas de prevención instruidas por las autoridades sanitarias y después de que el Cabildo aprobara sanciones. Varias comunidades han optado por cerrar sus accesos, como ya hemos comentado. Ixtlán de Juárez, que ha tenido varios decesos por este mal, ha radicalizado sus medidas, de tal suerte que quien no las cumpla puede ser detenido o sancionado con multas o trabajo comunitario. Se trata de medidas que forman parte de la autonomía de nuestros municipios, se rijan por el sistema de partidos políticos o por sistemas normativos internos.

A lo que vamos es a lo siguiente: aquí, por lo visto, no cuajan los amparos de los organismos que dicen defender los derechos humanos, que toman cualquier medida de restricción, que son a la vez de supervivencia, como si fueran atentados a las garantías individuales, sin reparar en que estamos viviendo situaciones de excepción. El gobierno estatal debe –y tiene la capacidad para hacerlo- de endurecer las medidas de confinamiento si los contagios y decesos siguen en ascenso como lo hemos vivido desde la última semana de enero. Seguir cacareando supuestas violaciones a los derechos humanos en estos tiempos es, sencillamente, una burda y torpe fantasía, que ya no cuaja en el ánimo colectivo de una sociedad inmersa en el miedo y la zozobra.

 Posturas ridículas

La semana pasada circularon profusamente por redes sociales, fotografías y videos de un operativo que llevó a cabo en un domicilio de Juchitán de Zaragoza, una cuadrilla de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, no fue uno más de los cortes de energía que suelen hacer cuando alguien no paga de manera oportuna su recibo, sin importar a quién. No. Los trabajadores de la paraestatal lo hicieron en casa de uno de los fundadores y dirigente histórico de la Coalición Obrero, Campesino, Estudiantil del Istmo (COCEI), Leopoldo de Gyves. Ante el hecho, se dio una escena realmente penosa. El aludido se tiró a media calle para protestar por lo que consideró un atropello, pese a que le fue mostrado un adeudo de muchos miles de pesos. ¿Conclusión? Amparados en no se sabe qué estatuto o reglamento, hay quienes asumiéndose intocables porque dirigen tal o cual organización, dejan de cumplir con sus obligaciones ciudadanas, a las que todos estamos llamados a responder.

Al día siguiente, en colonias populares de dicha ciudad istmeña, ubicadas en predios de los que fueron desalojados algunos de sus legítimos propietarios, aparecieron cartulinas y pegostes de vecinos que se dijeron “damnificados” para no pagar la energía eléctrica que distribuye la paraestatal. Se trata de vicios que se vienen arrastrando desde hace años. Justamente entre aquellos que se oponen por sistema a las empresas que generan energía eólica, con el argumento de que han trastocado la cultura y el territorio, afectando a los pueblos originarios. Ello ocurre, mientras sus guías morales o pseudo dirigentes, negocian detrás de la puerta. Porque junto a la COCEI, partida en seis partes y cuyos dirigentes se han dedicado al chantaje desde los años setenta, han aparecido otros especímenes cuya divisa es la extorsión y la presión.

Justo cuando se dieron los hechos de que hablamos al principio, se dio otra escena ridícula y bochornosa. A raíz del incremento en contagios y decesos en la referida población istmeña, el gobierno local dispuso que la Policía Municipal acudiera a los sitios en donde se celebrarían fiestas para inhibir la concentración de personas. Pues bien. Cuando elementos de dicha corporación acudieron a un local para tratar de convencer a los asistentes a retirarse, de inmediato fueron encarados por la ya conocida como “Lady Fiestas”, Lucila Bettina Cruz Velásquez y su esposo, Rodrigo Flores Peñaloza, ambos activistas y cabecillas de la llamada Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra, quienes, recitando artículos de la Constitución, asumieron su derecho de llevar a cabo su fiesta. Así las cosas, con estos farsantes de la “lucha social”.