Omisión criminal

A poco de haber iniciado la contingencia sanitaria por Covid-19, algunos diputados (as) acreditados en el edificio legislativo de San Raymundo Jalpan, hicieron llamados al entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Horacio Sosa Villavicencio, para aplicar los protocolos de salud y evitar sesiones presenciales del pleno. Pero este, al igual que en las altas esferas del poder en el país, hicieron caso omiso. En el tenor de que era “como una gripe” o que “le había caído como anillo al dedo”, “cual invento neoliberal”, hizo caso omiso. No obstante, la gravedad del problema y los casos evidentes de contagio en la Cámara federal de diputados e incluso en la de Senadores, jamás se tomaron medidas de prevención. Tasados en el dinero y el infalible “pago por evento”, sobre todo para la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los llamados a aplicarse las citadas medidas de prevención han sido como llamadas a misa. 

Los nuevos directivos de la LXIV Legislatura, la diputada de Morena, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, presidenta de dicho órgano y Arsenio Lorenzo Mejía García, del Partido Encuentro Social (PES), de la Mesa Directiva, muy poco han hecho al respecto. Empero, la tragedia ha asomado al edificio legislativo. El pasado 28 de diciembre falleció por complicaciones derivadas del Covid-19, el diputado de la fracción de Morena, Othón Cuevas Córdova. Esta vez fue un legislador, antes fue Enrique López Sangermán, quien fuera asesor de la presidenta de la Jucopo. La pregunta es: ¿cuántos más tendrán que fallecer para que la dupla que mencionamos tome las cosas con seriedad y deje de actuar con omisión criminal?

Lejos de ello, el fin de año pasado, justamente el 31 de diciembre, en redes sociales aparecieron fotos de la diputada Guzmán Díaz en pleno jolgorio, con decenas de personas y sin cumplir con los protocolos mínimos de seguridad. Ello no sólo ocurre en el Poder Legislativo, también se ha dado en el gobierno estatal, sobre todo con casos probados entre personal de confianza. Y son los infalibles mandos menores asumiendo el papel de capataces. Pese a la inminente presencia del virus en sus áreas quieren ganar indulgencias administrativas obligando a sus subordinados, sobre todo jefes de departamento, oficina o analistas, a acudir a laborar sin importar que el mal se siga extendiendo 

Ediles: Torpes o responsables 

Mientras hay presidentes municipales que han tomado su responsabilidad en el manejo de la pandemia y han buscado las formas, aunque enérgicas para evitar mayores contagios y muertes en sus jurisdicciones, hay otros que se han dedicado solamente a promoverse políticamente sin atender la demanda ciudadana. Es el caso del controvertido presidente municipal de Salina Cruz, Juan Carlos Atecas, a quien en los últimos días de diciembre le reventó un paro de labores de la Policía Municipal y de los trabajadores de limpia de la ciudad y puerto, dejando a la ciudadanía no sólo a merced de las bandas delictivas sino las calles hechas un asco, plagadas de basura y fauna nociva. Desde el inicio de su gestión, el citado edil no ha sido atado ni desatado. Ha estado sumergido en un sinfín de problemas, incapaz de negociar y atender con prontitud la problemática de este puerto, uno de los más importantes del sureste del país.

Sin embargo, hay otros que han mostrado ser el reverso de la medalla, incluso algunos emanados del mismo partido: el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Por ejemplo, durante el fin de año, algunos (as) acordaron cerrar los accesos a sitios de recreo, para evitar la llegada masiva de personas y con ello el crecimiento de contagios de Covid-19. Es el caso de los ediles de San Pedro Pochutla, San Pedro Mixtepec o Santa María Huatulco. Otros más, ante la grave situación del crecimiento de contagios y decesos dispusieron medidas enérgicas, sin que los clásicos defensores de los derechos humanos hayan metido la nariz. Por ejemplo, desde el pasado 28 de diciembre, el ayuntamiento de Zimatlán de Álvarez, que encabeza Julio César Barroso Sánchez, dispuso medidas enérgicas a partir del 2 de enero, como el cierre de las principales entradas a la población, el uso obligado del cubre-bocas, con sanciones para quienes no lo porten, la prohibición del ambulantaje y castigo a las aglomeraciones. 

Por su parte, el ayuntamiento de Tamazulapan del Progreso, decidió el cierre de sus balnearios, ante el incremento de contagios, empezando por el edil, Noel Hernández Mendoza quien, junto con dos concejales dio positivo a Covid-19. Asimismo, se acordó suspender toda festividad, para evitar el crecimiento del virus. Se sabe que, en la Sierra Juárez, ciertos municipios como Ixtlán y otros, han impuesto entre sus habitantes el confinamiento obligatorio, que implica, asimismo, prohibir la entrada y salida de sus poblaciones a los mismos ciudadanos.