La 4T y la ley del silencio

Las descalificaciones y ataques a los medios de comunicación y periodistas que no comulgan con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación o, simplemente ejercen su libertad de opinión respecto a diversos temas de la agenda nacional, se ha convertido en los últimos tiempos, en el deporte favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, como en un vulgar régimen autoritario, no pueden existir los disensos. Todos tienen que aplaudir las ocurrencias, arbitrariedades o la política de “primero los pobres”, “aplanamos la curva de la pandemia” o “ésta nos vino como anillo al dedo”. Cuando THE NEW YORK TIMES publicó en sus páginas la realidad de las muertes por Covid-19 en México y otros medios impresos ponderaron dicha información, la arremetida de AMLO fue brutal. Todos son sensacionalistas, amarillistas, enemigos de la Patria. 

México vive, en términos de la libre expresión y la libertad de prensa, plasmados en nuestra Carta Magna, uno de los peores momentos. Periodistas y medios serios e independientes –no los farsantes que aparecen en las mañaneras como viles paleros- sobrellevan sobre sus espaldas los momentos más difíciles de su historia. Un período en el que se está enquistando en el país un régimen que no admite críticas sino sólo aplausos; un gobierno que, si bien ha desencantado a una parte de esos 30 millones de mexicanos que le apostaron el voto, asume de manera unilateral tener el apoyo de todos los mexicanos, lastimando a sus adversarios y asumiendo el papel lamentable de Ministerio Público o Juez de instrucción que lo mismo pisotea la ley, que se exhibe como el representante de la moral pública.

El pasado jueves, una avalancha de críticas se volcó sobre quien gobierna el país, ante la inhabilitación por dos años, de la revista “Nexos”, un referente importante de reflexión y análisis desde su fundación en 1978, por el historiador Enrique Florescano, poniendo en la picota a su director, Héctor Aguilar Camín, quien se ha destacado por ser un crítico agudo y mordaz del actual gobierno. López Obrador pone como verdugo a la Secretaría de la Función Pública, cuya titular, Irma Eréndira Sandoval y su esposo, John Ackerman, han sido señalados por no poder comprobar el origen de una serie de propiedades, lo que hace cierto aquel refrán que tanto repetían nuestros ancestros: “en casa de herrero, azadón de palo”. 

En corruptelas, ir a fondo   

Menudo paquete tiene la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para revisar a fondo, la reciente licitación del contrato otorgado por funcionarios menores de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), a una empresa constructora –que también vende alimentos- con sede en Saltillo, Coahuila. Se trata de una afrenta a las leyes que establecen que toda licitación pública debe ser transparente y en apego a la normatividad vigente en la materia. Además, es importante recordar que la misma la llevaron a cabo funcionarios de menor jerarquía que, seguramente, desconocen la ley, además de su inexperiencia tanto en el cargo que desempeñan como en del tema que nos ocupa. Sin duda alguna, con este tipo de acciones, lejos de que la sociedad reconozca el desempeño de la administración del gobernador Alejandro Murat, le crea un ambiente negativo.

Como lo publicamos en nuestra nota principal del pasado jueves, el tema ya fue retomado por la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado que, en voz de la diputada Delfina Guzmán Díaz, exhortó al ejecutivo estatal dejar sin efecto la licitación convocada por la Semaedeso e instruya a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCyTG), determinar las sanciones que correspondan a los funcionarios responsables de esta simulación. La SCyTG, por su parte, ha insistido en que habrá una investigación seria y responsable sobre este tema y habrá quienes tengan que responder por las anomalías registradas. Hay que recordar que, ante la inminente aprobación de la empresa aludida, el representante de esta última dependencia abandonó la junta de asignación, al percatarse de la ignorancia y la violación a la norma, no sin antes advertirles a los responsables de la maniobra, que habría sanciones. 

Es muy lamentable que, en estos tiempos, los organismos que dicen investigar, documentar, combatir y consignar los actos de corrupción, no sean más que simples membretes. Es el caso de la Fiscalía Especial Anti-corrupción, cuyo titular se la pasa arremetiendo en contra del Fiscal General del Estado, a quien acusa de no otorgarle recursos para poder operar, en lugar de aplicarse con lo poco que tenga a cumplir con su papel. Respecto al llamado Sistema Estatal Anti-corrupción mejor ni hablar. Es sólo una ficción que ni opera ni contribuye a paliar este flagelo social.