Proteger legado

Como a tiempo lo anunció el ayuntamiento de la capital, este mes de diciembre se cumplen 32 años de que la Ciudad de Oaxaca, junto con el conjunto conventual de Cuilapan de Guerrero y la Zona Arqueológica de Monte Albán, fueron inscritos en la lista de ciudades Patrimonio Mundial, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en reconocimiento “al paisaje urbano armonioso y la imagen de una antigua ciudad colonial cuyo aspecto monumental se ha mantenido intacto”, señalan documentos oficiales del organismo. Cabe recordar que nuestro Representante Permanente ante dicho organismo internacional era el recién fallecido historiador y maestro emérito de la UNAM, Miguel León Portilla, quien habría de formar parte del Comité del Patrimonio Mundial, un órgano de composición restringida, que validó la inclusión de la capital oaxaqueña, así como de dos sitios más. De esta manera, desde 1987, la Ciudad de Oaxaca de Juárez recibió el citado reconocimiento.
El otorgamiento de la distinción no fue tarea fácil. Motivó una amplia labor de Cancillería y la participación activa y determinante de nuestra Representación Permanente ante la UNESCO y el equipo de asesores que participaron, tanto del INAH, como de organismos académicos como el ICOMOS. Cerca de 1 mil 200 monumentos de arquitectura civil y religiosa catalogados en un área de cinco kilómetros cuadrados que comprende el Centro Histórico y 247 manzanas, Oaxaca de Juárez pasó a formar parte de esta preciada lista. La propuesta del gobierno mexicano se presentó desde el año anterior, 1986, junto con una lista de 27 bienes culturales; de ellos, el Comité del Patrimonio Mundial eligió a los sitios oaxaqueños que se unieron a cuatro lugares más del país: el Centro Histórico de la ciudad de México, las zonas arqueológicas de Palenque, Chiapas; además de San Juan Teotihuacán, en el Estado de México, y el centro Histórico de la ciudad de Puebla.
Para conservar este importante legado, el ayuntamiento que preside Oswaldo García Jarquín, ha comprometido acciones de su administración que permitan a futuro, mantener íntegro ese legado histórico que pertenece a los oaxaqueños ygarantizar un crecimiento ordenado, respetando lineamientos de una ciudad sustentable y con los ciudadanos y su bienestar, como eje fundamental de gobierno.

Un asunto tenebroso

A principios del mes de septiembre, los medios de comunicación dimos cuenta de un hecho lamentable e indignante. Una joven de 26 años, María Elena Ríos, saxofonista y de origen indígena, fue agredida por desconocidos, quienes le arrojaron ácido en el rostro y el cuerpo. Grave, la víctima de este ataque fue traída e internada en el Hospital Civil “Aurelio Valdivieso”, en donde fue intervenida en varias ocasiones sin que los médicos hayan logrado mucho éxito. En redes sociales se han ventilado situaciones que ponen en evidencia la posible protección que podría tener el autor intelectual de dicho ilícito, seguramente equiparado a un intento de homicidio, habida cuenta de la gravedad de las lesiones de la joven María Elena.
Con el rostro evidentemente desfigurado, la víctima de tan brutal hecho no ha tenido una defensa eficiente para que se le haga justicia, cuestión que no desestimaron los grupos y organismos que defienden a la mujer en casos de violencia, quienes tomaron el caso y han hecho las denuncias correspondientes, ante autoridades que procuran e imparten justicia, al parecer apáticas para realizar las pesquisas prudentes y dar con los autores tanto materiales como intelectuales del ilícito. Desde la semana anterior, el caso María Elena tomó una dimensión internacional. Se le ha exigido al gobierno de Alejandro Murat, no dejar este caso en la impunidad, además de hacer lo prudente para que la citada joven fuera atendida con equipos y personal especializado.
Esta demanda, por fortuna, ya fue atendida por el gobierno y el viernes 13 de diciembre, María Elena fue trasladada al hospital especializado en casos de enfermos de quemaduras, del Instituto Nacional de Rehabilitación, para su tratamiento. El asunto, en materia de atención médica ya camina, lo que queda pendiente es la investigación a fondo sobre las causas de este hecho en sí mismo criminal, para que se tratado en las instancias competentes de procuración y administración de justicia. El caso se ha convertido en una bomba de tiempo que puede acarrear descalificaciones y mala imagen al gobierno estatal, por lo que las instancias responsables están emplazadas a cumplir con su responsabilidad. De ninguna manera debe quedar en la impunidad, no obstante que la víctima a que nos referimos, pueda salir lo mejor librada posible del daño corporal.